La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió la recomendación 11/2012 al Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a través de la cual solicita al munícipe Luis Ugartechea Begué, girar instrucciones para que inicie procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los agentes policiales y de los comandantes que efectuaron la detención arbitraria y tortura de integrantes del movimiento “Yo soy 132”.
De acuerdo con la recomendación 11/2012, su contenido “no impacta exclusivamente a las y los peticionarios y a los agraviados”.
Este tipo de conductas violatorias de derechos humanos, merma la confianza de la sociedad entera en las Instituciones encargadas de velar por la seguridad pública de los habitantes.
Estos hechos se suscitaron el pasado 22 de julio de 2012, cuando integrantes de dicho movimiento, después de haber participado en una marcha, y al enterarse de que uno de sus compañeros había sido detenido por la Policía Municipal, se reunieron en el cuartel de esa corporación, donde solicitaron su liberación, sin embargo, fueron agredidos por los policías, quienes lanzaron gas lacrimógeno y detuvieron a varios de ellos.
Durante su detención fueron “objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
En esta recomendación, la DDHPO solicitó que se repare integralmente a las víctimas, lo cual incluye la realización de las acciones necesarias para que los agraviados reciban atención médica y psicológica, que incluya los medicamentos así como el tratamiento que cada uno de ellos requiera.
Asimismo, que se realice una disculpa pública a los agraviados, por los hechos en los que incurrieron los elementos de la Policía Municipal; y en coordinación con los agraviados, se realice una cuantificación de los objetos que en su caso se hubiesen perdido, a fin de que se les reintegre la cantidad correspondiente.
También solicitó que exhorte a los elementos policiales para que en lo subsecuente, eviten incurrir en actos violatorios a los derechos humanos, rigiendo su actuar conforme a los lineamientos establecidos en la normatividad.
Además, de girar instrucciones para que con base en los lineamientos establecidos en el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión de Naciones Unidas; al Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; y, la Ley que Regula el uso de la Fuerza Pública de Oaxaca, se implementen los protocolos correspondientes de aplicación para el ejercicio legítimo de la fuerza pública.
Y, que se capacite de manera permanente a los policías municipales en materia de derechos humanos.
Este Organismo advierte que la actuación de la policía municipal de Oaxaca de Juárez, denota una falta de orden y disciplina para contener y en su caso disuadir algún acto que atente contra el orden público, es decir, no necesariamente que tales agresiones sean producto de una censura a la libre manifestación de las personas, sino una falta de preparación y capacitación del cuerpo de seguridad pública municipal, para enfrentar dicha situación.
Finalmente, la Defensoría pidió la colaboración de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que, inicie averiguación previa por los delitos que resulten, incluyendo el de tortura, en contra de los servidores públicos que efectuaron la detención; y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a fin de que, cuando se trate de hechos de trascendencia social en donde se pueda advertir la comisión de un delito o la violación a derechos humanos, se de vista al órgano persecutor de los delitos y a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
