La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) coincide con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el sentido de que se investiguen los probables delitos y faltas administrativas en que incurrieron los servidores públicos de la Procuraduría General de la Republica (PGR) involucrados en el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, de acuerdo a la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia el pasado 23 de enero.
Con la finalidad de que las constantes violaciones a los derechos humanos que se comenten en los sistemas de procuración y administración de justicia en los niveles federal y estatal encuentren un dique en la promoción de la cultura de respeto a los derechos humanos, este organismo público autónomo y ciudadanizado se adhiere al informe especial que sobre este caso suscribió el ombudsman nacional.
Por ello, hace un llamado a las autoridades de la materia para que se tomen las medidas necesarias para lograr la reparación de los daños ocasionados a las víctimas en los términos establecidos en las leyes, por la actuación de los servidores públicos en agravio de sus derechos humanos.
Asimismo, se suma a la petición de la CNDH expuesta en el referido informe especial, sobre que la Procuraduría General de la República diseñe e implemente de manera permanente un Programa de Educación y Formación en materia de Derechos Humanos y sus Implicaciones en la Procuración de Justicia, dirigido a los servidores públicos de esa dependencia, encaminado a fortalecer sus actuaciones.
Cabe recordar que el día 23 de enero de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo del Amparo Directo en Revisión 517/2011 interpuesto por la señora Cassez, resolvió que el operativo transmitido el 9 de diciembre de 2005, mostró una“escenificación ajena a la realidad” o un montaje por parte de los servidores públicos de la entonces Agencia Federal de Investigación de la Procuraduría General de la República, por lo que el máximo tribunal de este país resolvió que con esas actuaciones se vulneraron el derecho a la notificación, al contacto y asistencia consular, así como al mandato de puesta a disposición inmediata al Ministerio Público y a la presunción de inocencia.
Por lo tanto, se determinó la revocación de la sentencia condenatoria dictada en contra de la señora Cassez, trayendo como consecuencia que quedara en libertad “no por ser inocente, sino porque la autoridad incumplió con el derecho de al inculpada al debido proceso”.
