El Ministro de la Suprema Corte Juan Silva Meza propuso a sus colegas declarar inconstitucional el aspecto más importante de la reforma fiscal impulsada en 2013 por el Presidente Enrique Peña Nieto.
Se trata del límite a la deducción de las prestaciones sociales que las empresas pagan a sus trabajadores, que antes era de 100 por ciento, pero que con la reforma quedo topada en 47 o 53 por ciento, según el caso.
El tope fue impugnado por al menos 7 mil empresas del País, incluidas la mayoría de las más grandes, en amparos que en su mayoría fueron concedidos por jueces de distrito.
A unos días de su retiro de la Corte, Silva Meza repartió proyectos de sentencia que establecen que el Congreso violó los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, pues, al no poder deducir el 100 por ciento de las prestaciones las empresas no pagan ISR de acuerdo a su verdadera capacidad contributiva.
El pleno de la Corte discutirá en 2016, probablemente en febrero, estos proyectos.
De ser concedidos, los amparos permitirán a las compañías obtener la devolución de montos pagados en exceso por el ejercicio de 2014 o, en su caso, incrementar la pérdida fiscal.
