Una joven de 22 años de edad fue sentenciada a cumplir una condena de 23 años de prisión por el presunto delito de homicidio agravado por razón de parentesco, pero la versión de ella es que sufrió un aborto espontáneo a los cinco meses de embarazo.
Lesly Karina Díaz Zamora, residente del Valle de Mexicali, está presa desde mayo de 2008 cuando ocurrió el incidente. Ella afirma que un día sintió molestias y al ir al baño se presentó el aborto. Después acudió al Hospital General Mexicalense a atenderse la hemorragia, pero ahí fue detenida.
El procurador de Justicia estatal, Rommel Moreno Manjarrez, confirmó que la fiscalía solicitó la sentencia, luego de que se constató que se trató de un homicidio contra una niña que nació viva en mayo de 2008.
Aseguró que “no fue propiamente un aborto sino un homicidio”, lo que generó la calificación del tipo penal, por el que el Juzgado IV de lo Penal dictó la sentencia el pasado día 20.
El procurador de los Derechos Humanos de Baja California, Heriberto García, adelantó que ese organismo abrirá una investigación de oficio para verificar si la joven tuvo una defensa adecuada y si la averiguación se integró de forma correcta.
Integrantes de la Red Iberoamericana Pro-Derechos Humanos Alaíde Foppa y la Federación de Mujeres Universitarias de Baja California atribuyeron la sentencia a la reforma al artículo séptimo de la Constitución local, aprobada por la Legislatura estatal anterior, en la que se protege la vida humana desde la concepción.
Mediante una carta pública, la activista Meritxell Calderón declaró que la reforma “cargada de dogmatismo y de ignorancia del principio de igualdad”, y dio pie a que “autoridades misóginas encarcelen mujeres que deciden sobre su cuerpo al ejercer el derecho a la igualdad, a la no discriminación y derechos sexuales y reproductivos”.
Las organizaciones pro-derechos humanos exigieron al gobernador panista de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, la liberación inmediata de Lesly Karina Díaz Zamora.
Someten caso a revisión
El procurador de los Derechos Humanos, Heriberto García, dijo que sin prejuzgar se analizará el caso y se verificará el procedimiento de autoridades.
Declinó opinar si la sentencia se basó en un acto de discriminación derivado de la reforma al artículo 7 constitucional. Afirmó que se orientará a la joven acerca de sus derechos.
Entre los detalles a averiguar se verificará en qué momento ocurrió la muerte del producto de la joven, que el procurador mencionó como “una niña”.
El Universal
