Venezuela, ahogada por una acusante crisis económica, anunció un nuevo golpe al sector empresarial.
El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció que hará una revisión y ajuste a la Ley de Precios Justos que fue creada en 2011 por su antecesor, el fallecido Hugo Chávez.
Esto, con el fin de incluir penas más severas para castigar delitos vinculados a la fijación de precios y lo que él califica como especulación.
La ley ya fue modificada en 2014 para que los comerciantes no obtengan ganancias superiores al 30 por ciento por los productos que vendan.
Según Maduro, la ley fue penetrada y burlada por los comerciantes que, asegura, han creado eslabones en la cadena de intermediarios para aumentar 30 por ciento en cada una de las fases de la distribución y comercialización, por lo que ahora todos los precios serán fijados por la Superintendencia de Precios Justos.
“En base al sistema de cálculo estricto con 30 por ciento máximo de ganancia en los eslabones establecidos por la ley, debe establecerse el precio máximo de venta al público a todos los precios de todos los servicios y de todos los productos”, dijo durante su programa de televisión En contacto con Maduro.
La Ley de Precios Justos fue criticada por el empresariado privado de Venezuela desde su creación y ha sido señalada por ese sector como una de las causas de la crisis de producción en el país.
El anuncio de Maduro sobre esta ley surge en el marco de una situación de aceleración de la subida de los precios de todos los productos y servicios, una inflación que el Presidente ha señalado que es inducida por empresarios privados que quieren derrocarlo.
El Presidente dijo el jueves pasado que la inflación de 2015 debe estar cerca del 80 por ciento y ayer señaló que debe estar por 85 por ciento según datos que, comentó, le facilitó el Banco Central de Venezuela, organismo que en lo que va de año no ha ofrecido este indicador, así como tampoco la evolución del Producto Interno Bruto.
Maduro señaló que el precio máximo de venta al público debe ser fijado de acuerdo con una nueva metodología de manera estricta y estableciendo los costos reales de producción, los costos reales de importación y la ganancia básica, mínima, en todos los procesos de distribución y comercialización.
Adelantó que en esta revisión de la norma se creará una categoría especial de protección de los alimentos y servicios básicos que implica que la Superintendencia de Precios Justos será la única instancia que establecerá los precios justos porque la rigidez de la norma se relajó en los últimos años.
Apuntó que para esta revisión y puesta en marcha de la ley actualizada decidió conformar un Comando Nacional de Precios Justos especial, que va a estar dirigido por el vicepresidente ejecutivo, Jorge Arreaza.
“Voy a dar un plazo de 30 días para que peinen toda la economía nacional y establezcan nuevos mecanismos de protección junto al pueblo”, advirtió.
Sobre las sanciones, Maduro indicó que éstas en esencia buscan incrementar la severidad de las penas para combatir la especulación.
El monto de las multas se fijará considerando el ingreso neto de las empresas.
“Estamos aumentando las sanciones, y ahora las sanciones van a ir al ingreso neto.
“Igualmente estamos elevando las penas de cárcel, porque la ley en tiempo de guerra económica, la ley debe volverse implacable”, aseveró sin dar detalles.
La Ley de Precios Justos ya contemplaba penas de prisión de entre 10 y hasta 14 años para castigar, entre otros delitos, el contrabando de extracción.
Maduro ha promulgado varias normas que refuerzan los controles del Gobierno sobre la agobiada economía venezolana.
Desde fines de ese año las autoridades también han intensificado las inspecciones y sanciones a los comercios para evitar la especulación, el acaparamiento y combatir el contrabando.
Sin embargo, hasta ahora esas medidas no han logrado detener el avance de la inflación, al tiempo que los problemas de desabastecimiento se han agudizado.
En Venezuela está vigente desde hace 12 años un control de cambio y operan tres tasas oficiales, así como una cuarta del mercado negro, ampliamente utilizada para establecer muchos de los precios de los bienes.
El país es altamente dependiente de las importaciones, las cuales suplen más de la mitad de los alimentos procesados y una amplia gama de productos que se consumen aquí.
Desde 2006 los venezolanos vienen enfrentando problemas de desabastecimiento, pero en los últimos dos años la escasez se ha agudizado debido a que el Gobierno redujo la venta de divisas oficiales, lo que le ha impedido a muchas empresas comprar en el exterior materias primas, repuestos y equipos.
Según críticos del Gobierno, el control de los precios de productos de primera necesidad, los engorrosos trámites para transportar o almacenar los productos y las expropiaciones de empresas desalientan las inversiones y constituyen las principales causas de la escasez.
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