Cuando los defensores de los derechos humanos están en peligro, todos estamos en peligro. Están en peligro la democracia y el Estado de derecho.
Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y los activistas que defienden esos principios pueden estar amenazados por un Estado autoritario o por fuerzas criminales. En uno o en otro caso, su efecto nos daña a todos.
Hay gobiernos como el de Pinochet en Chile o de Videla en Argentina que abiertamente violaron los derechos humanos. Para ellos los defensores de los derechos eran vistos como enemigos del régimen, como aliados de sus adversarios políticos. No dudaron en ejercer el poder a su disposición para acallarlos, expatriarlos o asesinarlos. La concertación chilena, con su triunfo, abrió un camino de corrección. En Argentina, el gobierno de Alfonsín inició un cambio de fondo.
Hay situaciones donde la represión o persecución de los activistas de derechos humanos no puede identificar con tanta claridad a un sujeto ejecutor. El peor de los mundos es donde el tiro de gracia puede provenir de cualquier lado y quedar impune. Guatemala vivió muchos años donde hubo demasiadas víctimas y casi completa impunidad.
En nuestro país es muy grave que las y los defensores de derechos humanos estén en riesgo y se sientan en riesgo. Hechos recientes como el asesinato de Marisela Escobedo, quien encabezaba la protesta por la impunidad que protegía al asesino de su hija, o las amenazas de muerte contra el sacerdote Alejandro Solalinde que protege los derechos humanos de inmigrantes centroamericanos desde Ixtepec, Oaxaca, con su albergue Hermanos en el Camino, son ejemplos que deberían llevar a todas las autoridades y a los más diversos grupos de la sociedad a reaccionar con mayor coordinación, oportunidad y efectividad.
Cualquier duda, no hará sino perpetuar el peligro. Ya no hay tiempo para esperar un cambio político. Los derechos humanos, y las vidas y libertad de sus defensores, deberían ser prioridad nacional. Hay que desplegar su defensa desde todos los frentes.
Desde el frente de los medios de comunicación. Entre más contundente y generalizada sea la condena a los crímenes y las amenazas, mayor será la protección a los luchadores de los derechos y, también, la protección a los propios periodistas y a la libertad de expresión.
Desde el frente de la procuración y administración de la justicia, para hacer el mayor esfuerzo, sincero y eficaz, para sancionar a los responsables. Cada caso que se resuelve positivamente alienta a la sociedad y fortalece a las instituciones. Cada caso que es abandonado a la inercia, la tortuosidad burocrática, la impunidad o la complicidad debilita a la sociedad y hace cada vez más difícil mantener el apoyo social a las instituciones de gobierno.
Desde el frente social. No sólo la solidaridad de las demás organizaciones de derechos humanos y de las comisiones gubernamentales y legislativas correspondientes, sino de otros sectores organizados de la sociedad, o con voz, que contribuyan a elevar el costo de quienes agreden a la propia sociedad.
Desde el frente internacional. Mediante la solidaridad de otras organizaciones y de los gobiernos. No hay razón alguna para diferir de otros gobiernos cuando estos presionan a favor del respeto a los derechos humanos de sus nacionales. En vez de reaccionar como si se tratara de una crítica habría que tomarlo como una oportunidad de fortalecimiento a una posición de principios y de alto valor para la seguridad de la sociedad.
Para las autoridades de los tres niveles de gobierno, la protección de los activistas no debería ponerse en duda, ni sujetarse a ninguna condición. Ellos son como los canarios que en las minas detectan la presencia de gas para evitar a tiempo una explosión fatal. Sin ellos, sin su convicción y valentía, la sociedad estaría en un mayor peligro. El cuidado de los defensores de los derechos humanos debe ser prioridad de todos. Nos concierne a todos
Coordinador del Diálogo para la Reconstrucción de México (DIA)
