A finales de 2001 se hizo pública la quiebra de Enron, empresa que había sido nombrada por la revista Fortune como el negocio más innovador del planeta durante seis años consecutivos. Empleaba más de 20 mil trabajadores y reportaba ganancias anuales por cien billones de dólares, pero poco a poco comenzaron a surgir de manera sorprendente datos sobre las prácticas contables realizadas por la empresa para inflar ingresos y ocultar sus deudas. ¿Cómo había logrado engañar por tanto tiempo a miles de inversionistas y a muchos de los analistas financieros más destacados del mundo? La respuesta es simple, pero engañosa: con mucha, muchísima, creatividad.
En esa época se acuñó el término “contabilidad creativa”, que se empleó para definir las prácticas contables en que incurrieron muchas empresas para crear un espejismo con respecto a su situación financiera, a fin de atraer el mayor número posible de inversionistas. Tarde o temprano, este esquema se volvió insostenible. Las empresas “innovadoras” quebraron y motivaron la creación de la Legislación Sarbanes-Oxley, para regular la contabilidad privada; primero en Estados Unidos de América y posteriormente, con adecuaciones particulares, en el resto del mundo, con economías de mercado.
¿Por qué esta situación es digna de tenerla presente? Porque la perniciosa práctica de la “contabilidad creativa” penetró en la administración pública en varias entidades federativas del país, cuyos estados financieros están marcados por la opacidad y la peligrosa creatividad de sus supuestos “experimentados administradores”. No informan el total de la deuda pública, y al rendir cuentas omiten transparentar los saldos. Tal es el caso de irregulares criterios como considerar que los “instrumentos bursátiles o los colocados con asociaciones público-privadas” no son deuda pública directa sino “contingente”, y así los registraron. Al final, como en el caso de Enron, todo está quedando al descubierto y enfrentando sorpresas poco, muy poco agradables.
La Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) decretada por el Congreso de la Unión en 2008, y que inició su vigencia el 1 de enero de 2009, pretende eliminar estas nocivas prácticas homologando todos los criterios y procedimientos de registro de las cuentas públicas de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal, los ayuntamientos de los municipios, los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales, y los órganos autónomos federales y estatales; pero aunque su cumplimiento es de observancia obligatoria, algunos estados están muy rezagados en la adecuación de sus leyes, normas, criterios y procedimientos locales, a fin de cumplir lo dispuesto.
Michoacán, Coahuila y otros estados son de esas entidades federativas en donde el diferimiento premeditado o circunstancial en la adopción de las disposiciones, normas y/o criterios de esa ley, que en sí mismo es una violación constitucional, dio cabida al uso de los paradigmas de la peligrosa “contabilidad creativa” en la elaboración de sus estados financieros y de sus cuentas públicas, para ocultar la realidad de las finanzas estatales.
No puede dejarse pasar el hecho de que la forma en que la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) organiza, en su página de Internet, la información trimestral de la deuda de las entidades federativas contribuye a dar visiones parciales o sesgadas de la deuda; con ello el Ejecutivo federal contribuye también a fomentar la ilusión de la contabilidad “creativa”.
Así las cosas, la propia SHCP contribuye a no dar una visión global y fácilmente accesible del tamaño de la deuda, sobre todo en el caso de los estados, que tienen endeudamientos por PPS y por los intereses del Fondo de Reconstrucción.
Las alertas debieron haberse prendido desde hace mucho tiempo para los habitantes de los estados, cuya viabilidad financiera ha quedado comprometida por la poca transparencia que se maneja en materia de deuda.
Hoy en día la relación entre las obligaciones financieras y las participaciones en ingresos federales por entidad Federativa es del 78.6 por ciento, lo cual es sumamente grave, sobre todo si consideramos que son las participaciones la principal fuente de recursos que tienen los estados para respaldar su gasto corriente; es decir, su operación día a día. A la fecha, solamente en siete entidades federativas la relación entre obligaciones financieras versus participaciones es inferior al 40 por ciento, en 12 estados la relación es superior al 70 por ciento, tres de ellos superan el 100 por ciento (Michoacán, Chihuahua y Nuevo León), Quintana Roo supera el 200 por ciento y Coahuila está en el 300 por ciento, un endeudamiento de estas magnitudes es técnicamente la antesala de la quiebra.
La quiebra de una empresa privada genera su desaparición y pérdidas monetarias. Un país, un estado, un municipio también pueden quebrar, técnicamente hablando. Islandia, Grecia, Irlanda, Portugal y España, incluso Italia, son prueba de ello; pero en estos casos, el reconocimiento de su quiebra, sólo es el principio de grandes, muy grandes, problemas económicos, políticos y sociales. En ese orden.
