La tibieza y opacidad del Gobierno en torno al retraso del apagón analógico envían un pésimo mensaje a los inversionistas del sector de las telecomunicaciones, advirtieron especialistas del ramo.
Aleida Calleja, coordinadora del Observatorio para Latinoamérica sobre Regulación, Medios y Convergencia, dijo que es inadmisible que el IFT y la SCT hayan tomado una actitud sumisa y de renuncia a su facultad al dejar en manos de los legisladores toda la decisión sobre el apagón.
“Ellos (el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes) son los expertos, son los que tienen las cifras, son los únicos que nos pueden hablar de cuáles son las consecuencias económicas, políticas y sociales.
“Pero hay una opacidad total en la información, lo que ha generado una guerra de cifras privadas”, aseguró Calleja.
Sostuvo que es una pésima señal para los inversionistas extranjeros interesados en participar, por ejemplo, en la red compartida, pues lo pensarán dos veces antes de meterse a un país donde las instancias del Estado se anulan ante los legisladores y una empresa televisora.
Agustín Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, dijo que es prioritario que sean las dependencias federales las que definan cuánto debe posponerse al apagón, pues son las que tienen las cifras oficiales, no así los legisladores.
“Ante el silencio de la SCT y el IFT, los legisladores y una empresa televisiva tomaron el papel que le correspondía a la autoridad: demandar la prórroga del apagón”, acusó.
En entrevista con Radio Fórmula, Mónica Aspe, subsecretaria de Comunicaciones, pidió que cualquier decisión que tomen los legisladores respecto al apagón analógico considere no posponerlo demasiado y que se mantengan los apagones graduales previstos.
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