Organizaciones civiles nacionales e internacionales enviaron una carta al Presidente Enrique Peña Nieto en la que expresan su rechazo y preocupación ante la posición de la Cancillería sobre los informes de tortura y desaparición forzada en México.
Esta postura, indicaron, implica un retroceso para la política exterior mexicana.
“En particular, el posicionamiento del Embajador Juan Manuel Gómez Robledo, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, quien calificó el Informe del Relator sobre tortura como ‘no profesional y poco ético’, es de profunda indignación ante la situación actual que vive México en materia de derechos humanos.
“Lo anterior, se vio agravado a partir del respaldo emitido por el Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade”, advirtieron.
La carta, firmada por organizaciones como Artículo 19, el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, hace referencia a los reportes del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Tortura, Juan Méndez, y del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas.
Las organizaciones consideraron inaceptable que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechace que la tortura sea generalizada en México sin sustentar sus afirmaciones y sin explicar el aumento de quejas registradas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las Comisiones Estatales, el incremento de averiguaciones previas iniciadas por la PGR y el hecho de que los casos documentados dan cuenta de patrones que se repiten todos los días.
“La preocupante y desafortunada postura de la SRE de no querer ‘trabajar más con el Relator de tortura’. No sólo va en contra de los métodos de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del que México es parte, sino que evidencian la intolerancia y el desconocimiento ante graves violaciones que se vienen cometiendo en todo nuestro País”.
Advirtieron que las expresiones del Gobierno federal en torno a las observaciones finales del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, así como las emitidas recientemente contra Juan Méndez, manifiestan un cambio negativo de política exterior, que se había caracterizado por la apertura al escrutinio internacional y la colaboración con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.
Señalaron que las organizaciones que acompañan a las víctimas y familiares de tortura y malos tratos, desapariciones forzadas, desplazamiento interno forzado, ejecuciones extrajudiciales, intimidación y amenazas por defender sus derechos, su tierra y territorio, o ejercer un periodismo independiente e imparcial, han experimentado de primera mano la debilidad de las salvaguardias institucionales de prevención y protección ante estos delitos a lo largo y ancho del País.
“Una política exterior que se base en el desconocimiento de las instituciones internacionales, a las que el Estado mismo ha contribuido a edificar y fortalecer, resta legitimidad al compromiso de avanzar a favor del respeto, protección y realización de los derechos humanos”, indicaron.
Hicieron un llamado a Peña Nieto a la congruencia en la política exterior mexicana en materia de derechos humanos, toda vez que la autocomplacencia y la falta de voluntad para atender lo que verdaderamente ocurre en el País no contribuye a las acciones necesarias para hacer frente a esta crisis de derechos humanos.
