Claro que el Pacto por México no ha acabado con la violencia ni abatido la pobreza ni elevado la tasa de crecimiento del PIB, pues ni ese ni cualquier otro documento o acto político podrían cambiar la realidad deplorable del país y es de sentido común que toda política pública, programa o proyecto requiere mucho más de 45 días para empezar a rendir frutos.
Por eso llama la atención que desde la academia y las planas de los diarios, representantes conspicuos de la élite encuentren sólo mentiras, trampas e intentos de manipulación en cuanto hace y dice el nuevo gobierno. Por segunda semana consecutiva, Jesús Silva-Herzog Márquez descalifica al presidente y su gobierno sin más argumentos que sus propias conjeturas, quizá con la creencia de que es saludable para el país –y para su prestigio de intelectual independiente–. Esta vez le reprocha haber promulgado la Ley de Víctimas y que el secretario de Gobernación reconociera que es un instrumento perfectible y debe revisarse para darle viabilidad y operatividad.
Así “traduce” Silva-Herzog Márquez el discurso del gobierno: “la ley es deficiente pero no importa, así la publicamos. Necesita cambios urgentes pero no vamos a perder el tiempo corrigiéndola, la publicamos de inmediato. Si no reformamos esta ley será un engaño a las víctimas, pero, aunque hoy sea más bien una farsa, la refrendamos de una buena vez.”
El mismo día, un político activo de oposición, Manuel Camacho Solís, afirma en su artículo semanal que “Lo importante es que se dio el paso [de promulgar la Ley de Víctimas]. Me importa más el símbolo que las razones que lo llevaron [a Peña Nieto] a hacerlo o que los obstáculos para su aplicación. Si lo hizo por oportunismo, no importa; lo hizo. Si faltan por definirse asuntos importantes para hacer posible su aplicación, estas deficiencias se podrán resolver sin mayor dificultad a partir de la voluntad del Ejecutivo de hacerlo y del Congreso de respaldarlo.”.
Hasta este momento, no tenemos más elementos para juzgar al gobierno que las declaraciones del presidente y sus colaboradores cercanos, las acciones políticas que culminaron con la firma del Pacto por México, la promulgación de la Ley de Víctimas y el primer paso en dirección de una reforma constitucional y legal que mejore la calidad de la educación y aumente la oferta de espacios en educación media superior y superior.
Si uno parte de la premisa de que todos los actos de gobierno tienen el único o principal propósito de aumentar la popularidad del presidente, la conclusión inevitable es que estamos gobernados por un hombre narcisista e irresponsable, cuyas maniobras deben denunciarse a cada paso como lo hacen el citado Silva-Herzog y otros reconocidos intelectuales desde los medios de comunicación.
Pero si se piensa que el gobierno intentará cumplir los compromisos que hizo el presidente en su discurso de toma de posesión y los firmados por él y los dirigentes de los tres principales partidos políticos del país, entonces las declaraciones y las posiciones políticas deben ser analizadas responsablemente, lo que en modo alguno significa renunciar a la crítica, sino ejercerla con seriedad.
No tengo ningún interés ni motivo para actuar como vocero oficioso del presidente, ni menos aún como analista de los artículos de Jesús Silva-Herzog III, pero no por ello voy a abdicar de mi libertad de opinar que hasta ahora, el gobierno está haciendo lo único que se puede hacer en 45 para recuperar un mínimo de paz interior y respeto al Estado de Derecho y reducir las brechas de desigualdad que dividen a la población.
Eso entraña, por una parte, reordenar y dar efectividad y transparencia a la multitud de programas de apoyo a los pobres y, por la otra, iniciar un nuevo proceso de movilidad social con base en el binomio educación-empleo. Y es poco lo que puede hacer el gobierno por sí mismo; quizá menos de lo que pueda imaginarse desde la comodidad de la academia y los espacios de opinión de los medios.
Le doy un ejemplo. Es posible que esta semana se completen los votos necesarios de los congresos locales para validar la reforma al artículo 3° constitucional, pero para reformar la educación será indispensable que los maestros prefieran capacitarse y mejorar sustancialmente su desempeño en los salones de clases a disfrutar de las pequeñas canonjías masivas que les dan las cúpulas sindicales del SNTE y la CNTE a cambio de su disciplina política.
Las luchas de los normalistas rurales de Michoacán contra la enseñanza del inglés y la computación o las de alumnos y maestros de la Universidad de la Ciudad de México contra toda enseñanza (que parecen sacadas de una novela de Vargas Llosa) dan una idea de las dificultades a que se tendrá que enfrentar la SEP para reformar el sistema educativo en su conjunto.
Si un puñado de líderes sindicales ejerce tanta presión contra el intento de mejorar la educación, imagínese la resistencia de las organizaciones delictivas, los monopolios de telecomunicaciones y ramas productivas clave como la construcción, la producción de alimentos, los grupos financieros internacionales que controlan el grueso de la banca contra toda política o acción que materialice los compromisos de Peña Nieto.
Por eso me parece que el país necesita que gobierno, partidos y sociedad actúen en la misma dirección en la búsqueda de unos cuantos objetivos decisivos y que los intelectuales que pretenden afirmar su independencia de criterio no confundan la crítica con la descalificación sistemática.
