La crisis sanitaria, económica y potencialmente social generada por la pandemia del Covid-19 en México, deberá ser determinante para poner fin a la larga era del llamado “feuderalismo” mexicano. Recientemente, varios gobernadores del país entraron en choque con el gobierno federal a partir de lo que ven como una desigualdad en el ámbito fiscal. Quizá, esos mandatarios estatales vieron el ángulo más frívolo de un problema mucho más profundo, que pasa por la necesidad de los gobiernos locales de asumir todas las responsabilidades y deberes que impone el régimen federal; y de la federación, de asumir que no podrá seguir sosteniendo el tufo centralista que no ha perdido a pesar de las tres alternancias ocurridas en la Presidencia de la República en las últimas décadas.
En efecto, ante el Covid-19 existe una ruta de choque ya bien conocida entre un grupo de gobernadores —fundamentalmente del norte del país— y el ámbito federal, en la disputa de los recursos económicos disponibles por la recaudación. Esos mandatarios, dicen que el pacto fiscal es injusto porque las entidades que gobiernan producen más de lo que la federación les regresa en aportaciones y participaciones fiscales a sus presupuestos. Quizá eso sea cierto. Aunque también lo es, que ponerse a discutir sobre el reparto de los recursos en medio de una crisis pandémica sin precedentes, es tanto como una familia que prioriza la disputa por la herencia de un ascendiente que agoniza, pero que aún no ha sido declarado muerto.
Es cierto que en una emergencia como la que vive hoy el país, la disponibilidad de recursos es un tema de gran relevancia. Sin embargo, también lo es que la historia mexicana del reparto de recursos entre la federación y las entidades federativas estuvo también determinada por la discrecionalidad, la opacidad, la corrupción y el mal uso de esos recursos por parte de los gobiernos estatales; además de que en la gran mayoría de los casos, las administraciones federales —de los presidentes Fox, Calderón y Peña Nieto— utilizaron el envío extraordinario de recursos a las entidades federativas, más con criterios políticos o en la búsqueda de los “equilibrios” con los gobernadores, que por la existencia real de necesidades por parte de las entidades federativas.
¿De qué hablamos? De que lo que bien conocido como el “feuderalismo”. Dicho esquema fáctico, por lo menos desde la primera alternancia de partidos en el poder federal en el año 2000, se nutrió desde dos frentes: por un lado, el del ejercicio de un federalismo aparente que enmascaraba la profunda vocación centralista por parte del gobierno federal; y por el otro, el del feuderalismo propiamente hablando, en el que los gobernadores fueron investidos con un manto amplísimo de discrecionalidad, opacidad e impunidad en el ejercicio de los recursos disponibles —muchos de ellos, provenientes de aportaciones y participaciones ordinarias y extraordinarias de recursos federales—, a cambio de que apoyaran ciertas iniciativas de interés presidencial, a través de “sus” legisladores en ambas cámaras federales.
Esto era, en alguna medida, un problema propio de la pluralidad que en 20 años nunca le dio la mayoría a un partido —a las fuerzas opositoras, o al partido del presidente—, y por eso hubo que buscar la “convivencia” entre un Presidente sin mayorías legislativas sólidas, y gobernadores que rápidamente encontraron el esquema para “aprovechar” —lucrar— el número de curules y escaños en las cámaras federales, de diputados y senadores provenientes de sus entidades federativas e impulsados —económicamente— desde los gobiernos estatales, independientemente de la fuerza política que los postulara a dichos cargos.
Así, en gran medida la fuerza de cada gobernador estaba en las bancadas que representaran a su entidad federativa en el Congreso; y la conveniencia del presidente para no impulsar cambios al régimen constitucional de los gobernadores —que los obligara a terminar con esos márgenes de discrecionalidad— se alimentaba de la conveniencia mutua de intercambiar recursos federales por votos y apoyos en ciertas decisiones relevantes para el país, o para la conveniencia del presidente.
CAMBIO DE PARADIGMA
En la elección presidencial del año 2018 lo que cambió fueron las variables de la relación del presidente con los gobernadores. El partido del presidente —Morena— arrasó en la integración de las dos cámaras federales. Por primera vez en veinte años —luego de tres alternancias de partidos en el poder federal—, habría un presidente —Andrés Manuel López Obrador— con mayoría legislativa absoluta en el Congreso, y con una amplísima facilidad para generar alianzas que le permitieran cambios constitucionales. Ello explica por qué una de las primeras declaraciones que hizo López Obrador como Presidente electo, fue decir que no se dejaría chantajear por nadie, incluyendo a los Gobernadores.
Cuando eso ocurrió, se vislumbró la potencial ruptura de la tradicional relación federación-estados, aunque en ese momento no se sabía exactamente cuándo ni por qué causa. Lo que sí quedaba claro es que durante el mandato de López Obrador como presidente tendría que llegar el momento en que los gobernadores asumieran verdaderamente su papel y contribuyeran a dejar atrás la conveniente relación feuderalista que los gobiernos estatales habían mantenido durante las últimas dos décadas con los sucesivos presidentes de la República.
En noviembre de 2018 aquí apuntamos: “A partir del 1 de diciembre veremos qué gobernadores comprenden su papel y relevancia política en el sostenimiento de la Constitución y del pacto federal. El servilismo y la sumisión al nuevo régimen federal significará ahondar los daños que esto le puede provocar al país. No sólo se trata de ver qué actitud tendrá el nuevo presidente, sino también de ver de si entre los mandatarios estatales hay sólo intereses o si hay verdaderas personas con visión de Estado. Al tiempo” (https://bit.ly/3cuXvzj).
El momento llegó con la pandemia, y ahora lo que tendremos que ver es a los gobernadores y al presidente impulsando un nuevo federalismo. ¿Cómo? El gobierno federal quizá involuntariamente puso la pauta: AMLO “soltó” a los gobernadores, y éstos ahora tienen que asumir una nueva actitud que no sea ni de paternalismo con la federación, ni de sometimiento. La pandemia será la situación idónea para ellos.
Pues no se trata del reparto del dinero proveniente de los impuestos, sino de decisiones de Estado: cada gobernador tendrá que asumir las directrices para sus gobernados respecto a cómo se volverá a la normalidad luego de la pandemia; tendrá que impulsar sus propias medidas de reactivación económica; deberán tomar el liderazgo en sus entidades en temas como salud o educación, que serán cruciales para la vuelta a la normalidad; y tendrán que asumir las responsabilidades que sean necesarias para proteger a sus habitantes frente a la pandemia.
POR UN NUEVO FEDERALISMO
Queda claro que el gobierno federal no ha tenido interés, ni lo tendrá, en impulsar todas esas acciones. Lamentablemente, López Obrador no ha tenido la altura de miras para capitanear el país frente a la crisis más profunda y multidimensional del último siglo. Y en su ausencia tendremos que ver a los Gobernadores asumiendo sus respectivos roles, y haciendo lo necesario para que tengamos el nuevo federalismo que tanta falta le ha hecho a México, desde antes de la pandemia.
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