* El criminal bloqueo y la toma de la caseta de Huitzo por maestros de Tlaxiaco de la Sección XXII de la CNTE les convierte en copartícipes del asesinato del trailero calcinado en el brutal choque.
* En ocho años y medio, Caminos y Puentes Federales dejó de recibir más de 3 mil millones de pesos por toma de casetas en el país. Organizaciones civiles lucran con esta nefasta práctica.
Hace medio siglo surgió el síndrome del 68 y del 71. El inmovilismo paralizó a los gobiernos de la mafia del PRIAN. También afectó a Morena. Han renunciado al monopolio de la violencia legítima.
Aterra a los presidentes pasar a la historia como represores. Es la misma actitud en la segunda y tercera alternancia. Abdicaron de su obligación constitucional de respetar la ley y hacerla respetar.
¡Qué más da no garantizar la seguridad pública y nacional! Son las graves consecuencias de Tlatelolco y San Cosme. ¡Total, que se joda México y los mexicanos, Oaxaca y los oaxaqueños!
El gobierno de la 4T abdicó de su responsabilidad de cumplir con la ley en los actos de corrupción, en la lucha contra el narcotráfico y los bloqueos a las vías del ferrocarril en Michoacán y Oaxaca.
Con perversidad, la anarquía se convirtió en fuente de riqueza mal habida. Con el arribo de Carlos Salinas, a partir de los gobiernos neoliberales, se usó a la izquierda como instrumento de presión.
Detonó así la próspera industria del chantaje con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Y como el mal ejemplo cunde, proliferaron las organizaciones sociales radicales.
Las cosas empeoran. Una modalidad de las múltiples cabezas de serpiente de la Hidra son los bloqueos de calles y carreteras, y toma de casetas de peaje de Caminos y Puentes Federales.
Enarbolan, el tema de la pobreza e injusticia social como causa eficiente de sus movilizaciones. La protesta que encabezan no afecta a los ricos, a quienes imputa ser el motivo de todo su discurso.
Lastima, en cambio a toda una comunidad ajena y azorada, a la cual perjudica sin lograr ninguna reacción de ningún gobernante, funcionario ni empresario rico a los que satanizan públicamente.
En la actualidad, cualquier pequeño grupo de personas que se inconforme por cualquier pretexto, está en posibilidad de paralizar la acción de la autoridad del nivel de gobierno que sea.
Doloroso tener que aceptarlo y admitir que no se advierte una salida al problema. De nada sirve que la toma de las casetas sea delito federal con penas de 15 días a 30 años de prisión.
La autoridad, soporta la embestida sin recursos suficientes para remediar las exigencias. La consigna es no violentar a los protestantes, no generar ningún roce que provoque un lío político.
¡Qué importa que los bloqueos y la toma de la caseta de Huitzo provoquen dramáticas muertes como la del conductor de un tráiler cargado de varilla que chocó contra otro vehículo pesado!
El criminal bloqueo y la toma de la caseta de Huitzo por maestros de Tlaxiaco de la Sección XXII de la CNTE les convierte en copartícipes del asesinato del trailero calcinado en el brutal choque.
Con justa razón las críticas severas y condenas al irresponsable chantaje de los maestros de Tlaxiaco de la Sección XXII de la CNTE, no se hicieron esperar en las benditas redes sociales.
“Un padre, un esposo, un hijo que no regresará a casa completo, ni siquiera reconocible por un bloqueo que mantenía la @Seccion22Cencos… Todo por la disputa de las aulas en la #Mixteca… Que una vez obtenidas abandonarán por irse a paro…”, publicó Ernesto Rojas Ayuzo.
Horas antes, la caseta de Huitzo fue tomada por integrantes de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) en demanda de seguridad y de apoyos de programas sociales. Cobraron a los automovilistas de 50 a 100 pesos como “cuota voluntaria”.
Entre 2010 y 2018 las tomas de casetas de peaje de San Pablo Huitzo y Suchixtlahuaca —anteriormente conocida como Coixtlahuaca— ocasionaron un daño patrimonial de 113.9 millones a Capufe.
En ese periodo estas casetas fueron tomadas 649 veces por organizaciones, sindicatos y comunidades: 442 veces la de San Pablo Huitzo y 207 la de Suchixtlahuaca. Las pérdidas en la caseta de Huitzo se estiman en 51 millones de pesos.
La cifra puede ser mayor, pues la información del segundo semestre de 2016 se perdió, cuando los archivos de la dependencia fueron quemados el 19 de junio de 2016, durante el desalojo violento del magisterio, que mantenía un bloqueo en la autopista de Nochixtlán.
Capufe interpuso 671 denuncias penales ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR): 453 denuncias por las tomas de la plaza de cobro de San Pablo Huitzo y 218 por las tomas de la de Suchixtlahuaca.
En ocho años y medio, Capufe dejó de recibir más de 3 mil millones de pesos por toma de casetas en el país. Con el paso de los años, colectivos y organizaciones civiles han hecho de esto una práctica común.
Mientras en 2010 hubo sólo 34 tomas en todo el país, en 2018 se registraron 2 mil 443. En el primer semestre de 2019, el reporte Daño Patrimonial por el Ingreso No Recaudado por Plaza de Cobro 2010-2019, proporcionado por Capufe vía Transparencia, indicaba 2 mil 458 eventos.
Las pérdidas por el no cobro de peaje en 2018 ascienden a 821 millones 959 mil 408 pesos, y la tendencia va en aumento: de enero a junio de 2019 se han perdido mil 359 millones 938 mil 237 pesos, 65.45% más que las pérdidas de 2018.
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