Junto con el programa electoral, los chalecos antibalas y escoltas son requisito para 400 candidatos a las elecciones locales y regionales que se celebrarán la próxima semana en Colombia.
Lo anterior es gracias a que la campaña ha estado empañada por los disparos contra varios aspirantes.
Esta protección, con la que se convive sin sobresaltos en Colombia por lo convulso de su vida política, se enmarca dentro del Plan Democracia, un dispositivo en el que varias entidades del Estado colaboran para que los comicios sean seguros y que ahora, a ocho días de la cita, se ultima con sumo cuidado.
No es para menos, pues ese plan cobija a los aspirantes que, por sus preferencias políticas o por los intereses de bandas criminales en determinados municipios, se ven expuestos a las amenazas y, en el peor de los casos, el asesinato.
Aunque 400 protegidos puede ser una cifra menor si se compara con los más de 113 mil candidatos a estas elecciones, en Colombia no bajan la guardia porque los aspirantes han sido blanco del 60 por ciento de los 161 hechos violentos contra políticos registrados en lo que va de año.
Así lo refleja la ONG Misión de Observación Electoral (MOE) en su último informe, donde muestra otros datos más que preocupantes.
En tres meses de carrera electoral funcionarios, candidatos y equipos de campaña han sido objeto de medio centenar de amenazas, 10 atentados y 10 asesinatos.
“Comparado con las elecciones locales de hace cuatro años tenemos una disminución del 70 por ciento en lo que tiene que ver con amenazas, atentados y asesinatos de líderes y candidatos”, destacó el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Diego Mora.
La UNP, que protege en condiciones ordinarias a 8 mil 500 líderes de derechos humanos, políticos y dirigentes sociales, entre otros, es una de las entidades, junto con la Policía, que brinda seguridad directa a otros candidatos a través de medidas duras y blandas.
Las medidas blandas se refieren a chalecos antibalas, las duras, a vehículos blindados y escolta de uno o varios profesionales, en función del riesgo.
Mora explicó que, fuera de periodo electoral, la UNP otorga en la mayoría de casos medidas blandas.
Para estas elecciones, el 80 por ciento de los amenazados tiene programas duros.
Estas medidas evitaron, por ejemplo, el asesinato Hugo Sánchez, candidato del partido de izquierdas Unión Patriótica a una Alcaldía del norte de Colombia.
O la muerte de Andrés Guerra Hoyos, aspirante a Gobernador en el noroeste por el partido de derechas Centro Democrático que esquivó un tiroteo por su dispositivo de seguridad.
Ambos partidos, situados en polos opuestos, son los que más hechos violentos han registrado desde que comenzó la campaña: el Centro Democrático, cuya figura más reconocida es el ex Presidente y senador Álvaro Uribe, ha recibido 15 ataques, seguido por la Unión Patriótica y el Partido Liberal, ambos con 10.
En el Plan Democracia incluye 250 vehículos blindados y entre 700 y 800 trabajadores de protección entre escoltas profesionales y agentes del Policía.
En el caso de la Policía, los agentes reciben un entrenamiento especial que incluye técnicas de conducción bajo presión, o resguardo y transporte de un candidato en medio de un tiroteo.
Sin embargo, como explicó el coronel Julio César González Bedoya, subdirector de protección en la Policía, ésta es la última parte de un proceso que comienza dando consejos básicos a los protegidos, como no repetir rutas o evitar frecuentar sitios de riesgo.
“Tenemos una cartilla con las medias autoprotectivas, que no solamente van (dirigidas) a la persona, sino a su núcleo familiar y muchas veces a su entorno tanto residencial como laboral o donde se tenga que desplazar para hacer sus actividades”, resumió.
Los agentes determinan el nivel de la amenaza tras reuniones con los líderes de los partidos que piden protección para sus candidatos.
Según los cálculos de González, tienen identificadas 2 mil 400 sedes políticas que tienen unos niveles de riesgo.
No pocos analistas creen que estas elecciones son especialmente tensas por lo que está en juego, que no es otra cosa que gestionar, desde los municipios, alrededor del 80 por ciento de la millonaria inversión que llegará con la paz que el Gobierno y las FARC esperan firmar antes del próximo 23 de marzo.
En este contexto un chaleco antibalas puede ser decisivo, por ejemplo, sobre la forma como se reintegran los desmovilizados o se sustituyen los cultivos de coca.
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