* La Unión Liberal de Ayuntamientos de la Sierra Norte, integrada por 26 municipios indígenas zapotecos, rechazaron el retorno a la “nueva normalidad” acordada por los gobiernos federal y estatal, a entrar en vigor este día en un total de 203 municipios oaxaqueños.
* Los abogados Nayomi y Francisco Aoyama consideran que la determinación de establecer “municipios esperanza” viola el principio de debida fundamentación y motivación legal, y los derechos humanos a la salud y a la vida, y autodeterminación de los pueblos indígenas.
(A los familiares, compañeros y amigos del colega periodista Jorge Armenta Ávalos, Director de El Tiempo y Medios Obson, asesinado el pasado sábado en Ciudad Obregón, Sonora. Un abrazo solidario. Exigimos que su crimen no quede impune como tantos otros en México)
La plena vigencia, el respeto y la defensa de los derechos humanos enfrenta, hoy por hoy, su mayor reto global ante la nueva versión de la terrorífica “peste negra” del SARS-COV-2-COVID-19.
El desafío se enmarca, sobre todo, ante el manejo político, no sanitario, del retorno a la llamada nueva normalidad. Especialmente en Oaxaca en el que se pretende imponer a 203 municipios.
El pasado miércoles 13 Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Murat destacaron que 203 municipios de Oaxaca están libres de contagio y entrarán a la “nueva normalidad” hoy lunes 18.
Hay rechazo en los municipios ante el inocultable crecimiento del número de casos de oaxaqueños contagiados por el nuevo coronavirus y la saturación de diversos hospitales en el Estado.
La mayoría de los 269 “municipios esperanza” son indígenas y socialmente vulnerables. La decisión del gobierno federal debió proveer una consulta previa y escucha activa hacia sus necesidades.
Es evidente que el mínimo tiempo de 4 días para la formación de cercos sanitarios, no será suficiente para proteger a las personas que se encuentran en dichas comunidades indígenas.
Imponer la reapertura de espacios públicos y de escuelas plantea una serie de problemas que no podrán ser resueltos en 4 días, lo que afecta los derechos humanos de dichas comunidades.
Asimismo, el gobierno federal fue negligente, al imponer medidas apresuradas sobre los pueblos indígenas, dejándoles en un mayor nivel de indefensión frente a otras comunidades mestizas.
El plan del gobierno federal desconoce la interdependencia que estas comunidades indígenas tienen con otras comunidades y la propia capital, en cuanto a labor, escolaridad y salud.
Los abogados Nayomi y Francisco Aoyama González consideran que la determinación de establecer “municipios esperanza” viola el principio de debida fundamentación y motivación legal.
La determinación de establecer “municipios esperanza” viola el derecho a la no discriminación, así como el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y el derecho a la vida y la salud.
Por tal motivo, interpusieron la demanda de Amparo Indirecto ante el Juzgado Segundo de Distrito contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Alejandro Murat Hinojosa.
Entre las autoridades probables responsables de la violación de diversos derechos humanos, se señala al Secretario de Salud federal y estatal, Jorge Alcocer y Donato Casas, respectivamente.
El acto reclamado es la emisión de medidas de “regreso a la nueva normalidad” en “municipios esperanza” del Estado de Oaxaca con relación al manejo sanitario del SARS-COV-2-COVID-19.
Los derechos humanos probablemente violados son el derecho a la salud, derecho a la vida, derecho a la autodeterminación de los pueblos y derecho a ser libre de discriminación alguna.
Entre los hechos, Francisco Aoyama señala ser habitante del Estado de Oaxaca, formar parte del grupo más vulnerable a los efectos del COVID-19, al tener enfermedad inmunodepresora diabetes.
Estima que el establecimiento de “municipios esperanza” probablemente viola los principios de debida fundamentación y motivación, así como de legalidad y el derecho de seguridad jurídica.
Considera que probablemente viola, también, el derecho a la no discriminación consagrado en la Constitución federal, en concordancia con lo establecido en la Convención Americana de los Derechos Humanos, sobre el derecho de todas las personas a la igualdad y no discriminación.
Al mismo tiempo, probablemente se viola el derecho a la autodeterminación y autonomía de los pueblos indígenas, y a la gestión conforme a sus usos y costumbres en sus asuntos internos.
La demanda de Amparo resalta que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos tratados internacionales amparan esos derechos humanos de los pueblos indígenas.
La protección comunitaria de la salud, sobre todo en pandemias, es una de las garantías más importante para la vida y salud de aquellas personas que se encuentran en situación vulnerable.
Es evidente que el manejo descuidado de la primera etapa de “la nueva normalidad”, podría acelerar los niveles de contagio en todo el Estado, no sólo en los “municipios esperanza”.
La demanda de Amparo advierte que en una epidemia el mal manejo de las políticas públicas y epidemiológicas en un municipio o región, puede impactar al resto del Estado de Oaxaca.
La Unión Liberal de Ayuntamientos de la Sierra Note, integrada por 26 municipios indígenas zapotecos, rechazaron la “nueva normalidad” acordada por los gobiernos federal y estatal.
El presidente de la alianza, Mauricio Cruz Vargas, dijo que los pueblos zapotecos del distrito de Ixtlán mantendrán los filtros sanitarios hasta el 31 de mayo para evitar contagios por COVID-19.
Además de seguir las indicaciones sanitarias de los gobiernos federal y estatal han tomado otras medidas, y valorarán prolongar los filtros sanitarios, según el comportamiento de la pandemia.
La mayoría de las asambleas comunitarias, acordaron cerrar las entradas y salidas e instalar filtros sanitarios para controlar quién entra y quién sale, y decidir quiénes pueden entrar o salir.
Para evitar el contagio, cerraron las zonas ecoturísticas y se evita que entren proveedores y vendedores ambulantes y pidieron a los migrantes que eviten regresar durante la pandemia.
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