Aunque la Unidad de Inteligencia Financiera está litigando en medios un expediente que se puede caer a la hora de presentación de pruebas procesales, de todos modos las acusaciones contra el ministro Eduardo Medina-Mora Icaza han puesto en duda a toda la Suprema Corte de Justicia porque en materia de decisiones colegiadas todos los demás ministros participaron en casos que debieran revisarse.
Y la sola mención oficial que hizo el viernes 4 de octubre el responsable de la UIF, Santiago Nieto, en el sentido de que el ministro defenestrado estaba siendo investigado por “narco, trata y lavado” y sus referencias a decisiones institucionales en el máximo tribunal judicial dejó salpicada a toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Medina-Mora participaba en decisiones del pleno, además de estar en la Segunda Sala de asuntos administrativos y laborales.
La desconfianza en las decisiones de la Suprema Corte involucra al ministro Luis María Aguilar, presidente del organismo en 2015 en que Medina-Mora fue ungido ministro, y además presente, junto a Medina-Mora, en la boda de la hija del abogado privado Juan Collado. Y en esa fiesta fueron registrados también como asistentes los ministros Jorge Pardo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Y como Collado está acusado de delitos graves, entonces los ministros asistentes estuvieron en una fiesta de un litigante con asuntos en el máximo tribunal.
De ahí la imperiosa necesidad de congelar –en el mejor de los casos– y renunciar a todoslos ministros de la Corte basados en las declaraciones del jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera por acusaciones de delitos graves sobre todo con el narco y con el lavado de dinero. Y lo que sería peor, habría que revisar todos los asuntos que pasaron por Medina-Mora en la Segunda Sala y en el Pleno y a los ministros de la fiesta de Collado para saber hasta dónde el ministro auto renunciado involucró sin saberlo los otros o en complicidad con otros ministros de la Corte.
Por lo delicado de sus funciones, los ministros de la Corte debieran ser los más investigados y por lo tanto impolutos. Por ello las investigaciones sobre Medina-Mora debieran extenderse al director del CISEN en 2015, Eugenio Imaz, responsable de integrar los expedientes personales de funcionarios y de la investigación exhaustiva de su vida total. También debieran investigarse al presidente de la bancada del PRI en el Senado en 2015, Emilio Gamboa Patrón, como el operador de las negociaciones para sacar el nombramiento de Medina-Mora; y de paso, al presidente de la Cámara ese año: el panista Roberto Gil Zuarth. Todos ellos, por lo delicado del asunto, debieron de investigar a fondo a Medina-Mora.
Los nombramientos de los ministros de la Corte, por la importancia estratégica de sus decisiones, debieron de exigir las investigaciones más profundas sobre su vida, sus perfiles, sus intereses a lo largo de su carrera. Y Medina-Mora se había formado en cuando menos cuatro instancias delicadas en termas de seguridad del Estado: el CISEN, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General y las dos embajadas fundamentales para la seguridad nacional de México: Gran Bretaña y sobre todo los EE. UU.
O los organismos de seguridad del Estado concluyeron que Medina-Mora nunca estuvo involucrado en decisiones sospechosas de corrupción o complicidad criminal o esas indagatorias fueron mal elaboradas por incapacidad de esas oficinas o por instrucciones presidenciales. Y de ahí habría que determinar quién falló, quién ordenó no investigar o investigar mal a propósito.
Ahora que Medina-Mora está siendo perseguido por la UIF como Comité de Salud Pública, están surgiendo algunas informaciones de políticos, funcionarios y analistas que en su momento, dicen hoy, sospecharon del ministro de la Corte. El litigio mediático de Santiago Nieto destaca por la estridencia, pero tendrá que enfrentar un proceso judicial de pruebas o a lo mejor los señalamientos buscaban sólo liquidar la carrera pública a Medina-Mora como ministro de la Corte y no realizar una limpia a fondo del poder judicial.
Las acusaciones contra Medina-Mora han puesto en entredicho a la Corte actual por decisiones colegiadas y de Segunda Sala, al Senado en 2015 en que se aprobó la designación como ministro, al CISEN de 2015 que no supo-no quiso-ocultó las acusaciones que hoy revela la UIF y del propio presidente Peña Nieto que ordenó la aprobación del nombramiento de Medina-Mora.
Y queda pendiente la acreditación de la “causa grave” que exige la Constitución para la renuncia de ministros, aunque se trata de una condición que nadie ha cumplido: Cuauhtémoc Cárdenas en 1999 y López Obrador en 2005 renunciaron al cargo de jefe de gobierno capitalino para ser candidatos presidenciales cuando las leyes exigían también “causa grave”.
Política para dummies: La política es el mundo de la sospecha y de las complicidades.
