Con los ecos de un país dividido, los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos escucharon ayer los argumentos a favor y en contra de la ley SB1070 de Arizona, sin ocultar sus muchas dudas y numerosas objeciones frente al reclamo de la administración Obama sobre la exclusividad y las competencias del gobierno federal, al que el control de la inmigración indocumentada se le ha ido de las manos.
Además, por primera vez en un debate abierto del máximo tribunal, la variable de la inmigración indocumentada que ha llegado desde México se colocó en el centro para dirimir la validez de una polémica ley que ha sido motivo de constantes fricciones diplomáticas con el gobierno mexicano, mientras se multiplica por otros estados de la Unión entre preocupantes muestras de odio racial y de persecución.
El desarrollo de la audiencia, dominada por un ambiente de simpatía de varios magistrados hacia la SB1070, se convirtió en un continuo estira y afloja en el que el juez que preside el alto tribunal, John Roberts, llegó a comentar que “tal parece que al gobierno no le interesa saber quién está acá ilegalmente”, cuando interpeló al abogado del Estado, Donald Verrilli. Verrilli. Este, quien no fue muy convincente a la hora de ganar adeptos a las tesis del gobierno federal, se enfrentó además al escopetazo retórico del magistrado Antonin Scalia, cuando lo acorraló preguntándole si, acaso Estados Unidos solamente está obligado a complacer a México cuando se trata de aplicar las leyes contra quienes se encuentran de forma ilegal en el país.
“¿Así es que lo que está usted diciendo es que tenemos que hacer cumplir nuestras leyes de forma que podamos complacer al gobierno de México?”, le soltó Scalia, para neutralizar así uno de los más importantes argumentos del gobierno federal contra la SB1070. Es decir, el daño que esta ley ha causado en las relaciones con países como México.
Abogado en aprietos
Scalia, un bastión del movimiento conservador en la Corte Suprema y un habilidoso magistrado, consiguió sacar de balance al principal defensor de las tesis del gobierno federal, cuando éste intentaba explicar el carácter contraproducente de unas leyes antiinmigrante que, además de levantar ámpulas en las relaciones con países amigos, no está provocando el esperado retorno masivo de millones de indocumentados a sus países de origen, sino que los está expulsando hacia otros estados con legislaciones menos agresivas.
Otra de las dificultades para el abogado del Estado fue explicar la forma en que ya se traslapan o complementan algunas de las disposiciones para combatir la inmigración ilegal que ha impulsado la Casa Blanca a nivel federal —como el programa Comunidades Seguras—, con algunos de los requerimientos de la SB1070 que el gobierno intenta combatir de forma contradictoria. Precisamente, el ambiente de éxodo y de persecusión racial, uno de los componentes que han aglutinado el apoyo de miles de organizaciones contra la SB1070, fue excluido por el abogado del Estado de la argumentación oral.
Nada más comenzar su turno de argumentación, Donald Verrilli confirmó al magistrado Roberts que el Estado había decidido excluir de la argumentación el polémico asunto del “perfil racial” que ha acompañado algunas de las acciones de la policía estatal en Arizona y otros estados que han adoptado leyes similares.
Esta decisión fue considerada como un “craso error” por legisladores como el demócrata Luis Gutiérrez y algunas organizaciones sindicales que han considerado, precisamente, que la SB1070 es una forma de legislar y dar carta de naturaleza al odio racial.
La audiencia, que se prolongó durante más de 90 minutos, se realizó en una corte repleta de personalidades como la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, el autor de la ley SB1070, el recientemente defenestrado de su cargo senatorial Russell Pearce, e incluso el director del Servicio de Control de Inmigración y Aduana (ICE), John Morton.
Al terminar el cónclave, la gobernadora de Arizona dijo, con semblante triunfal, que “no conoceremos la resolución final sino hasta dentro de unas semanas, pero creo que hay razones para estar muy optimistas”. Brewer no descartó que la ley estatal abra la puerta al encarcelamiento de los cerca de 400 mil indocumentados que se estima viven en su estado.
Mientras tanto, cientos de personas marcharon ayer por las calles de la ciudad de Phoenix para protestar contra la ley de inmigración de Arizona SB1070 y denunciar que ha generado discriminación y racismo en este estado sureño.
Agencias
