La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la constitucionalidad del Fondo de Pensiones para el Bienestar y determinó que la transferencia de recursos de las Afores no implica que trabajadores o pensionados pierdan la propiedad de sus ahorros.
Por unanimidad, el Pleno respaldó el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf y declaró infundada la acción promovida por 185 diputados de oposición contra el decreto publicado el 30 de abril de 2024.
La reforma permite transferir al Fondo los recursos no reclamados de las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez cuando las personas cumplan 70 años, si están afiliadas al IMSS, y 75 años en el caso del ISSSTE.
El Fondo comenzó a operar con 48 mil 894 millones de pesos provenientes de cuentas individuales inactivas y continuará funcionando como fideicomiso público, con el Banco de México como fiduciario.
La Corte estableció, sin embargo, que el dinero seguirá perteneciendo a trabajadores, pensionados o sus beneficiarios y podrá reclamarse en cualquier momento, pues el derecho a recuperarlo es permanente e imprescriptible.
“No es así” que exista una confiscación, sostuvo el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz. Explicó que únicamente cambia el administrador de los recursos y se mantiene la propiedad a favor de los trabajadores.
El ministro Irving Espinosa Betanzo coincidió en que “los trabajadores y los pensionados siempre han sido los titulares de los recursos” y que la transferencia al Fondo “no extingue la titularidad ni cancela el derecho de cobro”.
Además, el Fondo deberá mantener una reserva suficiente para devolver el dinero cuando sea reclamado, contar con un Comité Técnico para regular su administración e inversión y sujetarse a mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Con el fallo quedó firme la validez del decreto que reformó, entre otras, las leyes del Seguro Social, ISSSTE, Infonavit y Sistemas de Ahorro para el Retiro.
