A lo mejor habría que buscar a los responsables del fracaso de la creación del sistema nacional anticorrupción hasta en el nombre mismo: la corrupción es un efecto de un mal funcionamiento del ejercicio de la función pública; por tanto, el enfoque punitivo del nuevo sistema legal hará sólo más sofisticadas las prácticas de apropiación privada de la riqueza publica.
Pero en realidad, la corrupción es producto de tres circunstancias:
–El costo de acceso al poder de funcionarios.
–La falta de controles sociales del presupuesto y los contratos.
–El poder de control político y cohesión que representa la corrupción.
La corrupción es un efecto práctico de un problema ético; es decir, es un asunto de cultura. A veces los ciudadanos suelen pagar más por trámites engorrosos para obtener resultados, pero la vía de la corrupción como que les da más seguridades de sus transacciones.
Lo malo de esta etapa de definición del sistema anticorrupción ha sido su vinculación directa a las elecciones presidenciales del 2018; el PAN ha sabido explotar el tema de la corrupción como un asunto priísta, pero sobran los casos de panistas envueltos también en problemas de corrupción: ahí está el caso simbólico del candidato del PAN-PRD al gobierno de Veracruz, Miguel Angel Yunes Linares. En los hechos, el PAN prefiere apostarle por corruptos ante la expectativa de ganar espacios de poder, lo cual significa en los hechos un caso típico de corrupción.
La corrupción ha sido un mecanismo de cohesión política del viejo sistema político priísta, pero involucrando crecientemente a la oposición. Gobiernos perredistas y panistas han sido cómplices por utilidad o por omisión de las corruptelas del poder, en lugar de propiciar la construcción de un nuevo sistema político. Como nunca antes hubo dinero no legal –es decir: de corrupción– en las campañas de todos los partidos políticos. Y como nunca antes una prensa vigilante ha estado revelando casos de corrupción en todas las esferas del poder.
Mientras no se cambien las formas de hacer política ni exista un verdadero sistema político-electoral democrático, la corrupción seguirá existiendo porque la corrupción es efecto de las prácticas políticas del poder, no su causa. Lo que va a provocar el nuevo sistema anticorrupción es que las prácticas ilegales se hagan más sofisticadas, no que desaparezcan. Y la autoridad tendrá que aumentar la burocracia –es decir: nuevas fuentes de corrupción– para perseguir corruptos.
Los castigos a los efectos de la corrupción en poco ayudaran a regresar la ética a la función pública. Los legisladores deberían más bien controlar la fuente de la corrupción: el presupuesto federal, la centralización en las autorizaciones de supervisiones públicas y la obligación de todo funcionario de presentar declaración pública de bienes.
Y la sociedad debe de dejar de quejarse contra la corrupción y construir observatorios ciudadanos de riquezas públicas, extendiendo la observación a empresas y empresarios que hacen gala de su poder corruptor para obtener beneficios –utilidades contables– con cargo al presupuesto público. Todos los casos de corrupción involucran a funcionarios, empresarios y ciudadanos. Por eso extraña la molestia empresarial por meterlos en la Ley de 3X3.
De ahí la urgencia de un sistema de control del presupuesto público, de los permisos y contratos y observatorios ciudadanos sobre la función pública.
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