El senador Benjamín Robles Montoya, del PRD, propuso una iniciativa para reformar diversas disposiciones constitucionales, para establecer que el Presidente de la República y la Cámara de Senadores elijan al Procurador General de la República a través de una convocatoria pública a las universidades del país, los colegios y barras de abogados, institutos de investigación jurídica, e integrantes de la carrera judicial.
A través de una reforma los artículos 76 fracción II; 78 fracción V; 89 fracción IX y 102 apartado A de la Constitución Política, Robles Montoya refirió que para ocupar el cargo de Procurador se requiere, además, de los requisitos comunes: contar con estudios en materia de justicia o derechos humanos; ser académico de alguna institución de educación superior o pertenecer a algún colegio de abogados reconocidos en el país, entre otros.
El integrante de las Comisiones de Justicia y de Puntos Constitucionales explicó que: “Con el método propuesto dotaríamos de verdadera independencia funcional e institucional al área de procuración de justicia, ya que con la selección del Procurador o Procuradura de Justicia no habría lugar a duda en la imparcialidad y libertad con que se designe a dicho funcionario público, pues sería seleccionado únicamente con base a la capacidad profesional de los aspirantes”.
Además, dijo que este procedimiento se harán exigibles estándares internacionales de especialización técnico-científica respecto de las funciones investigadoras y acusación de delitos, así como el conocimiento para la salvaguarda de los derechos humanos, lo que abonará en el fortalecimiento de la institución y en el aumento en la confianza de los ciudadanos.
El senador Benjamín Robles señaló que a partir de la convocatoria pública a las universidades del país, colegio y barras de abogados, “la evaluación garantizará verdadera vocación y conocimiento en la procuración de justicia y disciplina en la carrera judicial”.
El senador por Oaxaca explicó que la procuración de justicia “es la institución fundamental del Estado para salvaguardar los derechos fundamentales de las personas, sí funciona adecuadamente y cuenta con instrumentos y capacidades legales, le obsequia a la sociedad convivir pacíficamente y disfrutar de una verdadera seguridad jurídica”.
Dijo que una de las principales obligaciones del gobierno consiste en respetar y hacer valer el Estado de Derecho, construir una autoridad encargada de la procuración de justicia que afronte eficaz, oportuna y de manera autónoma la investigación de los delitos, sin impunidad ni corrupción de por medio.
Sostuvo que la propuesta de “ciudadanizar” la elección del titular de la PGR garantizaría objetividad e imparcialidad en el cumplimiento del encargo, “por ello resulta imperante que la procuración de justicia recaiga en un científico del derecho que plasme la teoría y la investigación a la práctica eficaz y eficiente”.
Esta iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen.
EXIGE RECONOCIMIENTO AL SME
En otro punto del orden del día, el senador oaxaqueño se sumó al exhorto presentado por su compañero de Grupo Parlamentario Alejando Encinas, para que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje acate la sentencia del Tribunal Colegiado en material del trabajo, que indica que la Comisión Federal de Electricidad asume la figura legal de patrón sustituto ante la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, por lo que están a salvo los derechos de los más de 4a mil agremiados del Sindicato Mexicano de Electricista, así como de sus 22 mil jubilados.
“Miles de familias que vieron truncada su calidad de vida por un manotazo del ejecutivo. Muchas de las cuales se vieron engañadas por una estrategia alevosa, elaborada desde la presidencia, donde se les conminaba a someterse ante lo inevitable; a ceder ante la injusticia y asumir la recisión laboral como algo ineludible. Se les ofrecían supuestos beneficios, por encima de las marcadas por la ley, decían hasta el hartazgo las autoridades federales. Y lo hacían con celeridad, pues sabían que violaban la ley laboral”
Y advirtió que el hecho de que el Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje no se allane a esta resolución, sólo vendría a manifestar, una vez más, la discrecionalidad en el ejercicio del poder con que esta administración ha venido actuando durante los últimos seis años.
