La Diputación Permanente de la LX Legislatura local convocó a un cuarto periodo extraordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio legal, este 20 de agosto, para tratar tres asuntos entre el que destaca el informe de resultados de la Cuenta Pública del Estado que comprende del 1 de enero al 30 de junio de 2010, rendido por la Auditoría Superior del Estado (ASE).
La convocatoria fue aprobada en la sesión de este jueves y en ella se contempla además la presentación del proyecto de decreto enviado por el titular del Poder Ejecutivo, Ulises Ruiz Ortiz, por el que propone cambiar el nombre de la Sierra Norte por el de Sierra Juárez, a través de una reforma constitucional al artículo 28.
Asimismo, incluye un documento suscrito por integrantes de la Gran Comisión, por el que proponen la restructuración de las comisiones permanentes. Respecto al informe de la ASE, será presentado por el presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, diputado Rogelio Sánchez Cruz, conforme lo marca la ley.
Durante la sesión, presidida por el diputado Jaime Aranda Castillo, los legisladores Paola España López, Dagoberto Carreño Gopar y Wilfredo Vásquez López, expusieron en tribuna su preocupación por las circunstancias desencadenadas por el aumento sorpresivo de la tarifa del transporte público urbano y coincidieron en exigir que los concesionarios cumplan con los acuerdos para prestar un servicio digno a la sociedad.
España López se pronunció porque las autoridades hagan cumplir la ley y garanticen que los concesionarios presten un mejor servicio, a través de unidades de calidad y un buen trato de parte de los choferes, pues actualmente los usuarios sufren día a día los abusos de estos por la necesidad que tienen de transportarse para realizar sus actividades.
Carreño Gopar calificó como criminal el alza del pasaje a 5.50 pesos ya que es inaudito toda vez que los acuerdos pactados entre los concesionarios, el Congreso del Estado y la Coordinación del Transporte en diciembre del 2007, cuando se autorizó elevar la tarifa un peso, no se cumplieron totalmente. Como ejemplo, dijo, sólo el 10 por ciento del transporte urbano ha cumplido con la verificación vehicular, de acuerdo con el Instituto Estatal de Ecología. Consideró que el aumento fue algo consensuado y planeado.
Vásquez López denunció que los concesionarios no hayan cumplido los acuerdos y son los usuarios quienes ahora, además de soportar los abusos, pagan un peso más por el servicio. Se pronunció porque con este logro de los transportistas se dé trato preferencial a las personas, en especial a las de la tercera edad y se respete el costo que se da a los estudiantes. Asimismo, destacó el daño moral causado, amén de las pérdidas humanas y materiales.
