#JaimeGUERRERO
La disputa territorial entre Oaxaca y Chiapas abrió un nuevo frente jurídico: el convenio amistoso firmado por ambos gobiernos para establecer el trazo de la frontera es señalado de contravenir una sentencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La controversia podría derivar en solicitudes de juicio político no sólo contra ministros que eventualmente lo validen, sino también contra integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo de Oaxaca involucrados en su aprobación y ejecución.
El punto central es que la SCJN resolvió desde el 16 de noviembre de 2021, dentro de la controversia constitucional 121/2012, la delimitación territorial entre ambas entidades.
Al tratarse de una sentencia definitiva y en etapa de cumplimiento, los poderes estatales estarían impedidos para modificar mediante un convenio posterior lo resuelto por el máximo tribunal.
Víctor Hugo Alejo Torres, asesor jurídico de San Francisco del Mar, calificó el convenio como inconvencional, inconstitucional e ilegal.
Sostuvo que reconocerlo implicaría que la propia Corte desconociera los efectos de su sentencia y vulnerara los principios de cosa juzgada y supremacía constitucional.
Advirtió que, si las ministras y ministros avalaran el acuerdo pese a la existencia de una resolución definitiva, procedería solicitar juicio político contra quienes votaran a favor.
Pero la eventual responsabilidad política, sostuvo, alcanzaría también a los poderes de Oaxaca que intervinieron en la autorización y celebración del convenio.
Alejo Torres planteó que el Congreso del Estado estaba impedido para otorgar al Ejecutivo facultades para convenir sobre la línea limítrofe, al encontrarse en ejecución la sentencia.
Sus atribuciones en esta materia, argumentó, ya no estaban expeditas, sino sujetas al cumplimiento de lo ordenado por la SCJN.
Bajo esa interpretación, la autorización legislativa podría constituir una violación a los artículos 46 y 133 de la Constitución federal.
Esto, al pretender modificar mediante actos de autoridades locales una sentencia que constituye una norma jurídica individualizada de suprema y estricta observancia.
El mismo señalamiento alcanzaría al Ejecutivo de Oaxaca, encabezado por el gobernador Salomón Jara Cruz, por haber celebrado el convenio con Chiapas cuando ya existía una resolución constitucional que fijaba los límites.
La SCJN estableció que la línea limítrofe inicia en la Barra de Tonalá, a los 16 grados de latitud norte, con dirección al Cerro del Chilillo, continúa hacia el Cerro de la Jineta y concluye en el Cerro de los Martínez.
“Nadie ni nada puede modificar ese límite”, afirmó Alejo Torres al sostener que la resolución es definitiva, inatacable y de estricto cumplimiento.
El conflicto político-jurídico se remonta al 13 de abril de 2023, cuando el Congreso de Oaxaca aprobó un decreto que, además de atender la sentencia, autorizó al gobernador a celebrar un convenio amistoso de límites con Chiapas.
Cinco días después, el 18 de abril, ambos gobiernos suscribieron el acuerdo para reconocer un trazo correspondiente a las colindancias de Cintalapa, Arriaga y Tonalá, Chiapas, con San Pedro Tapanatepec y San Francisco del Mar, Oaxaca.
Para ello tomaron como referencia el marco geoestadístico publicado por el INEGI hasta diciembre de 2018.
Alejo Torres aseguró que ese marco carece de valor jurídico para modificar la frontera fijada por la Corte.
Recordó que Chiapas intentó incorporarlo durante el procedimiento de aclaración de sentencia, pero fue rechazado por la ministra instructora en marzo de 2024.
También cuestionó que el Gobierno de Oaxaca dejara de nombrar perito topógrafo y de aportar elementos para acreditar físicamente la Barra de Tonalá y el Cerro del Chilillo.
A su juicio, la línea establecida por la SCJN está descrita sin ambigüedades y el Pleno debe limitarse a valorar los peritajes ordenados para corregir las coordenadas geográficas, sin modificar el sentido de la sentencia.
El abogado agregó que el convenio enfrentaría otro problema de legalidad porque, por Oaxaca, únicamente fue firmado por el gobernador y el secretario de Gobierno.
Lo anterior, señaló, pese a los requisitos establecidos en la Constitución estatal para los convenios celebrados por el Ejecutivo.
La controversia jurídica coincide ahora con una nueva tensión territorial en Los Chimalapas, donde comuneros de San Miguel Chimalapa emprendieron acciones para recuperar las tierras del ejido Gustavo Díaz Ordaz.
Los comuneros reclaman aproximadamente 4 mil 975 hectáreas que consideran parte de su territorio comunal y plantearon a los habitantes de Díaz Ordaz incorporarse al régimen comunal zoque o abandonar esas tierras.
La movilización hacia la zona provocó el reforzamiento de la seguridad ante el riesgo de una confrontación, mientras autoridades de Oaxaca y Chiapas mantienen presencia y seguimiento del conflicto.
El caso de Díaz Ordaz vuelve a colocar en el centro la ejecución material de la sentencia de la SCJN y las consecuencias territoriales de la delimitación entre Oaxaca y Chiapas.
Por ello, Alejo Torres sostuvo que la Corte debe desechar el convenio y ordenar el cumplimiento estricto de su sentencia.
De ocurrir lo contrario, advirtió, podría abrirse la ruta para promover responsabilidades políticas contra ministros, mientras la actuación del Congreso y del Ejecutivo de Oaxaca también podría ser cuestionada por haber autorizado y celebrado un convenio sobre una materia sujeta a una sentencia constitucional definitiva.
