El ejercicio de poder y su control son objeto de estudio permanente por diversas ciencias –principalmente la jurídica y la política- considerando básicamente el marco normativo que lo rige, el contexto social, su nivel, tipo o jerarquía; como un tema de impacto colectivo.
Para el doctor Diego Valadés- miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM-, el estudio del poder, lleva implicito el análisis de su control. En la lucha permanente por el poder y contra el poder, resultan fundamentales las percepciones que se tengan de ese poder, lo común es que quien lucha por el poder o lo ejerce expone sus virtudes, en tanto los opositores a éstos lo descalifiquen. La función del control del poder no es la anulación del poder sino su ejercicio racional, un ejercicio en el cual el derecho al buen gobierno sea una garantía de que las instituciones funcionen en los términos de eficacia, de eficiencia que el orden constitucional democrático dispone.
Durante el sexenio anterior, casos emblemáticos como la Casa Blanca, Odebrecht o la Estafa Maestra, expusieron “los niveles de control” que se habían alcanzado. Elementos conjuntos como la transparencia, el acceso a la información y archivos “no contralaron el poder” sino que exhibieron las limitantes, deficiencias, y resultados de las instituciones públicas encargadas de esta función, lo que impactó de forma negativa en la percepción de la ciudadanía; los organismos encargados de la fiscalización, judicialización y fincamiento de responsabilidades hicieron lo propio al mostrar sus resultados.
¿Cómo es esto posible, si durante el sexenio anterior se formularon diversa reformas que fortalecieron o pretendieron fortalecer la transparencia, la fiscalización, el combate a la corrupción, en una expresión, la rendición de cuentas?
Si las funciones de control, no funcionaron ¿qué fue lo que sucedió para que quien ostentaba el poder lo perdiera? Una posible respuesta es que los mecanismos de control evolucionaron a mecanismos de construcción, en otro contexto, la transparencia, no controla sino que construye una relación de poder entre la ciudadanía y el sujeto obligado a garantizarla; la fiscalización, no controla sino que fortalece al poder sustentado en la revisión y el impacto del buen uso y manejo de los recursos públicos; los archivos, no controlan sino que permiten conocer nuestra historia para evitar los mismos errores y fortalecer a un buen gobierno.
Los organismos e instituciones públicas se fortalecen en la medida que la implementación de los mecanismos de control del poder tienen mayor impacto positivo en la ciudadanía, lo que permite su consideración como mecanismos de “construcción del poder” por medio de los cuales las acciones públicas son conocidas y evaluadas por el colectivo, buscando la afinidad pública.
Los responsables de la administración pública de los tres niveles de gobierno, deben atender que los mecanismos de control permiten la construcción de una sociedad más empoderada y garantizan ejercicios de buena gobernanza.
Debemos transitar de la disertación a la materialización; de las acciones de control del poder a una mejor construcción del mismo, para edificar un mayor poder colectivo hacia el ciudadano que es empoderado porque las instituciones públicas lo colocan en el centro de su función, de su evaluación, no sólo como el proveedor de impuestos para el gasto público.
(*) El autor es Presidente del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción en Oaxaca. Egresado de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), el Centro de Investigaciones Jurídico Políticas de las Universidad Autónoma de Tlaxcala (CIJUREP UATx), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y actualmente cursa la Maestría Interinstitucional en Derechos Humanos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
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