“Oaxaca, un gobierno de rodillas. Llegaron a robar, no a gobernar. Pobre Oaxaca”, escribió en redes sociales el pasado 19 de marzo el ex titular de la Secretaría General de Gobierno, Segego, Jesús Emilio Martínez Álvarez en referencia a los problemas vividos en esos momentos con los normalistas en sus manifestaciones violentas. Sin embargo, los antecedentes de la actuación del propio Martínez Álvarez en el asunto de la defensa de Los Chimalapas deja mucho que desear en materia de transparencia y uso de los recursos públicos, como lo muestra el contrato de prestación de servicios en poder de este medio en el cual se refleja un pago de 4 millones 640 mil pesos prácticamente por no hacer nada, pues no sólo le rebotaron todos los escritos realizados por el abogado contratado por la Segego, Pedro Alberto Nava Malagón, sino fuentes del propio gobierno del estado acusan que el trabajo del contratado fue evidentemente realizado en las rodillas, al vapor e inútil por completo, tanto, que a nuestras fechas con la nueva defensa de Los Chimalapas emprendida por el gobierno del estado de Oaxaca contra el de Chiapas, no se utiliza ninguno de los argumentos jurídicos invocados en su tiempo por Nava Malagón. Eso sí, ya cobró sus 4 millones 640 mil pesos completos.
Dentro de los alcances del contrato se establece la obligación central del abogado Pedro Nava de elaborar la demanda de controversia constitucional en contra del decreto publicado por el gobierno de Chiapas el 23 de noviembre de 2011 con el cual crea los municipios de Mezcalapa, El Parral, Emiliano Zapata y Belisario Domínguez como entidades chiapanecas presuntamente dentro de territorio oaxaqueño. De igual manera, el compromiso legal establecido en el contrato era presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación esos escritos de la controversia y la tramitación de toda prosecución judicial que resulte. Llama la atención que el cuerpo del contrato entre el titular de Segego y el abogado Malagón tiene más clausulas y conceptos de protección del pago, que de los contenidos en los alcances; como sea, no solo se presentó una defensa del territorio oaxaqueño equivocada, errática y fue rebotada en su primera fase por las instancias en las cuales se presentó, sino en la tercera parte de los acuerdos firmados, la del seguimiento de toda la tramitación, se incumplió porque el conflicto sigue, pero ya no lo lleva ese despacho particular, sino directamente la Consejería Jurídica del gobierno estatal, pero, insisto, el valor total del pago sí se efectuó con cargo a la clave presupuestal 302001A07002331321AAAA0112 y por un acuerdo de asignación directa, es decir, libre de licitación, con número CABS/VIGSO-005/2012 y enviado a la Segego por el director de Recursos Materiales de la Secretaria de Administración y presidente del Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios, Raúl Serrano Díaz, mediante el oficio SA/CABS/ST/0982/01/2012. Lo anterior significa que todas las instancias normativas aceptaron esa contratación fallida sin licitar, a pesar del monto. Firmaron el contrato el 24 de octubre de 2012 el propio Martínez Álvarez como contratante, Nava Malagón como el contratado y como testigos los funcionarios de la Segego, el coordinador de Asesores, Rubén Vasconcelos Méndez y el coordinador Técnico de Enlace, Juan Arturo López Ramos.
Respecto a los temas de normatividad legal para la realización de este contrato sin resultados para el gobierno y con incumplimiento para continuar las acciones para las que fue contratado y pagado Nava Malagón, el actual titular de la Segego, Alfonso Gómez Sandoval, dijo desconocer las razones por las cuales dejó el asunto el abogado contratado por su antecesor, pero eso sí dejó en claro que no existe ninguna sanción para Martínez Álvarez por haber hecho ese tipo de acuerdo. Por su parte y en el mismo tema, la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Marisela Woolrich Fernández, fue más lejos y afirmó: “Es un tema que me es completamente ajeno…si bien es cierto que los asuntos relacionados con la defensa de Chiapas son de mi área, no reviso los asuntos financieros. He realizado auditorias a la Segego, pero de ese tema no se absolutamente nada”.
Por otra parte, el presidente de la Barra Nacional de Abogados en Oaxaca, Juan José Meixueiro Orozco, se quejó de la decisión del gobierno del estado, específicamente de Martínez Álvarez en su calidad de secretario, al no haber tomado en cuenta a los despachos y abogados oaxaqueños para realizar una defensa de esa índole, “sin duda realizaríamos una defensa más intensa y eficaz porque conocemos el contexto social y político de nuestra entidad. Fue una decisión arbitraria”. Afirmó Meixuiero Orozco que ellos le ofertaron en su momento al secretario General de Gobierno la asesoría y seguimiento legal gratuitos en defensa del territorio oaxaqueño, pero no lo aceptó.
Finalmente hace unos días Pedro Nava Malagón envió una carta al gobernador Gabino Cué Montegudo donde se deslinda jurídicamente de las acciones actuales de quienes defienden el asunto de Los Chimalapas por ser una estrategia diferente a la que lo llevó a él al fracaso en el juicio anterior, pero nunca mencionó la posibilidad de regresar al menos una parte de los millones recibidos por no haber terminado con éxito su trabajo, con el aval de Jesús Martínez Álvarez .
Reportaje: Jaime Velázquez
