* Entretanto, como consecuencia de su probada vinculación con el capo del Cártel de Sinaloa “El Mayo” Zambada, el gobernador Rubén Rocha Moya seguirá la suerte de su Fiscal, Sara Bruna.
* La Relatora Especial de la ONU advirtió que la reforma judicial aumenta el riesgo de corrupción en México. La CIDH, a su vez, analiza si la iniciativa afectaría regresivamente derechos humanos.
Literalmente el mundo se le viene encima al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Presidenta Electa ante la aprobación de la sobrerrepresentación legislativa y de la reforma judicial.
Países del mundo libre y democrático, representado por la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se pronuncian contra la sobrerrepresentación y la reforma judicial.
Entretanto, como consecuencia de su probada vinculación con el capo del Cártel de Sinaloa “El Mayo” Zambada, el gobernador Rubén Rocha Moya seguirá la suerte de su Fiscal, Sara Bruna.
Al asegurar un inmueble en Culiacán, donde presuntamente fue secuestrado ‘El Mayo’ Zambada y Héctor Cuén asesinado, la FGR da la razón a ‘El Mayo’: Cuén fue asesinado en domicilio en Sinaloa.
La Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Margaret Satterthwaite advirtió que con la reforma judicial aumenta el riesgo de corrupción en México.
La iniciativa de reforma judicial del Presidente Andrés Manuel López Obrador lejos de evitar los riesgos de corrupción en el sistema judicial de México los amplifica, sentencia la diplomática.
Previamente, comunicó al Gobierno mexicano sus comentarios sobre la iniciativa, que busca que todos los jueces del País, y el tribunal disciplinario que los vigilará, sean electos por voto popular.
La CIDH requirió al Estado mexicano para determinar si la iniciativa de reforma judicial pudiera afectar regresivamente los derechos humanos contenidos en la convención americana referida.
La Asociación de Jueces y Magistrados Federales (JUFED), presentó a la CIDH la solicitud para activar el procedimiento del artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Salvaguarda estándares internacionales de independencia judicial y de otros derechos contenidos en la Convención Americana; en especial, respecto de los artículos 8 y 25 de dicho tratado.
Estos estándares deben cumplir cualquier reforma constitucional o legal que afecte al Poder Judicial y a sus funcionarios federales, locales y electorales, ya sea el “Plan C” o cualquier otra reforma.
Anteriormente, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York expresó una vez más su preocupación por la independencia del poder judicial de México por la reforma judicial.
Existe sería preocupación en torno a los cambios propuestos al sistema judicial mexicano, que pueden tener el efecto adverso de daño de forma significativa la independencia judicial.
The Wall Street Journal aseguró en un artículo que “se está haciendo un plan para reformar la Constitución, lo que acabaría con la libertad y prosperidad del país, como sucedió en Venezuela o Cuba”.
El artículo “México coquetea con la dictadura” afirma que dictaduras como Venezuela, Bolivia y Nicaragua se originaron a través de líderes que llegaron al poder por medio de su popularidad.
Ello trajo como consecuencia que dichos líderes eliminaran los controles institucionales que limitaban su poder sostiene a periodista Mary Anastasia O’ Grady, autora del artículo en el WST.
Calificadoras y bancos internacionales como Fitch Ratings y Morgan Stanley advierten riesgos por la reforma judicial de AMLO y Sheinbaum, y afectar negativamente a México económica, política y socialmente.
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