Continúa retenido el presidente municipal de San Cristóbal Amatlán

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Diana Méndez

 

El Presidente Municipal de San Cristóbal Amatlán, Eleuterio Néstor Antonio, ha cumplido 36 horas retenido en la cárcel municipal, junto con tres mujeres, incluyendo a la síndica municipal, Juana Santiago Santiago. Un grupo minoritario de la población los señala de falta de transparencia en el manejo de recursos públicos, lo que originó su aprehensión violenta.

 

El conflicto se intensificó el pasado sábado, cuando un grupo de habitantes, en medio de una asamblea comunitaria, acudió al domicilio del edil. Según testigos, el presidente municipal fue sacado con violencia frente a su familia, exhibido por las calles, y posteriormente encerrado en la cárcel municipal.

 

Aunque no se han identificado plenamente a los responsables de la desestabilización, algunos habitantes acusan a un funcionario estatal, identificado como David Salinas, de fomentar la división en la comunidad con el objetivo de imponer un administrador municipal en esta región de la Sierra Sur.

 

Por su parte, la Secretaría de Gobierno de Oaxaca (Sego) emitió un comunicado donde rechaza los actos de violencia y hace un llamado al diálogo y la concordia para resolver las diferencias en San Cristóbal Amatlán. La dependencia subraya la importancia de respetar los derechos humanos de las personas involucradas.

 

La Sego informó que este conflicto tiene antecedentes desde el año pasado, cuando un grupo de habitantes promovió la destitución anticipada del presidente municipal por presunto desvío de recursos. Sin embargo, dicha solicitud no fue reconocida por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), lo que dejó latente la inconformidad.

 

Desde el inicio del conflicto, se han realizado al menos 10 mesas de atención con la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal y la Coordinación de Delegados de Paz, sin que se logren acuerdos entre las partes. Además, la Sego recordó que actos violentos como los ocurridos el 15 de diciembre de 2024, cuando fuerzas de seguridad fueron agredidas en la comunidad, no contribuyen a la solución del problema.

 

La Sego reiteró su llamado a las autoridades municipales y a la ciudadanía para instalar una mesa de diálogo urgente que permita alcanzar una solución pacífica. También exhortó a actores externos a abstenerse de intervenir o fomentar discordia en la comunidad.