Diana Mendez
El Honorable Consejo Técnico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) emitió un posicionamiento público para denunciar actos de despojo, robo y daños cometidos en las instalaciones de la extensión Ciudad Universitaria por un grupo que, aseguran, actúa al margen de la legalidad y con intereses políticos y económicos particulares.
Según el documento firmado por consejeros académicos y estudiantiles, así como por la directora Rocío Martínez Helmes, un grupo identificado como parte de la misma unidad académica habría tomado por la fuerza las instalaciones desde el 19 de mayo, afectando gravemente la continuidad de las actividades académicas y administrativas.
Entre los nombres señalados por el Consejo Técnico como responsables del conflicto, destacan más de 40 personas, entre ellas ex docentes, trabajadores activos y personajes vinculados con grupos porriles. El órgano colegiado también denuncia la presunta intromisión del maestro jubilado Abraham Martínez Alavéz y otros actores ajenos a la facultad, a quienes acusan de financiar e incitar la desestabilización interna.
“El objetivo de este grupo señala el comunicado es interrumpir maliciosamente la vida institucional de la Facultad, violando el derecho humano al acceso a la educación de cientos de estudiantes”. Asimismo, responsabilizan a estos actores de generar una crisis que pone en riesgo la autonomía universitaria y afecta los derechos de la comunidad universitaria.
El Consejo Técnico solicitó de manera urgente la intervención de autoridades universitarias, estatales y federales para garantizar la recuperación de las instalaciones, así como la restauración de la vida académica en condiciones de seguridad y legalidad.
Además, el comunicado respalda a la directora Rocío Martínez Helmes, quien ha mantenido afirman una postura abierta al diálogo, pese a haber sido blanco de ataques personales y violencia de género en redes sociales por parte del grupo inconforme.
“Este órgano de gobierno, emanado de un proceso democrático y apegado a la ley universitaria, no permitirá que el derecho a la educación del alumnado sea vulnerado por intereses particulares”, concluye el documento firmado por los consejeros docentes y estudiantiles de los distintos semestres de la facultad.
