El Concejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca acordó realizar un llamado a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo para que agilice la publicación del Reglamento de la Contraloría y Responsabilidad de los Servidores Públicos de la Defensoría, así como de la Ley Reglamentaria del Apartado B del artículo 106 de la Constitución del Estado, además de abrir un cuaderno de antecedentes ante la posibilidad de que se esté incurriendo en una violación a los derechos humanos.
Lo anterior se aprobó durante la sesión pública del Concejo Ciudadano que se llevó a cabo este martes 18 de junio en el auditorio de las oficinas centrales de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, el cuaderno de antecedentes se abrirá ante la posibilidad de que la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo con su negativa a publicar dichas disposiciones normativas, esté incurriendo en una posible violación a los derechos humanos, pues estaría privando a la ciudadanía contar con instrumentos jurídicos que permitan una mejor garantía de sus derechos.
Las consejeras Martha Julia Avendaño, María Eugenia Mata García y Sara Pilar Méndez Morales, así como los consejeros Pedro Matías Arrazola, Héctor Lorenzo Estrada, José Bernardo Rodríguez Alamilla y su presidente y Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo consideraron que es importante enviar un informe al Titular del Ejecutivo para que tenga conocimiento sobre el hecho.
Durante la misma sesión se dio a conocer el seguimiento a las acciones tomadas sobre la recomendación 9/2012 que no fue aceptada por el presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, el Concejo Ciudadano de la DDHPO coincidió en que lo más importante en este proceso es buscar el cumplimiento de la recomendación por lo que es preocupante que el Congreso del Estado aun no haya dado respuesta a la petición de comparecencia de del presidente municipal.
Además se informó acerca de una respuesta que dio la directora de Seguridad Pública de ese municipio como una intención de aceptación, pero que no está hecha en los términos que dicta la ley lo que impide su admisión.
Otro punto abordado durante la sesión pública fue el seguimiento a la revisión del “Protocolo de la DDHPO para implementar medidas cautelares en beneficio de víctimas de violación de los derechos humanos” en el que se señaló la importancia de apresurar el análisis y aprobación para que se pueda implementar a la brevedad, además de que se lleve a cabo un proceso de capacitación para que el personal haga una aplicación optima del protocolo.
