Condenan a 12 personas detenidas con arsenal en Navolato, Sinaloa; reciben penas de hasta 10 años y 10 meses de prisión

La FGR obtuvo sentencias condenatorias contra los 12 hombres detenidos en octubre de 2025, luego de un enfrentamiento con elementos de la Marina en el poblado La Vuelta. Durante el operativo fueron asegurados 14 armas de fuego, más de 2 mil 700 cartuchos, 82 cargadores, equipo táctico, tres vehículos con reporte de robo y ocho motocicletas.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencias condenatorias contra 12 hombres detenidos en octubre de 2025, tras un incidente armado con elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el poblado La Vuelta, municipio de Navolato, Sinaloa.

Luego de presentar las pruebas correspondientes ante la autoridad judicial, el Ministerio Público Federal consiguió penas de prisión que alcanzan los 10 años y 10 meses, por delitos relacionados con la portación y posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Los hechos ocurrieron cuando personal naval realizaba recorridos de vigilancia por un camino de terracería y observó a varias personas armadas a un costado de un domicilio, quienes presuntamente se disponían a abordar un vehículo.

De acuerdo con la información ministerial, al advertir la presencia de los elementos federales, los individuos comenzaron a disparar con sus armas de fuego. Los efectivos repelieron la agresión y, posteriormente, los involucrados intentaron escapar, pero fueron detenidos en el lugar.

Aseguraron 14 armas de fuego y miles de cartuchos

Durante la intervención, las autoridades aseguraron un importante conjunto de armamento, municiones y equipo táctico que quedó integrado a las investigaciones.

El inventario oficial incluyó:

  • 13 armas de fuego tipo fusil y un arma tipo rifle.
  • 2 mil 798 cartuchos.
  • 82 cargadores.
  • 15 chalecos tácticos con placas balísticas.
  • Dos cascos.
  • Tres vehículos con reporte de robo.
  • Ocho motocicletas sin placas de circulación.

El aseguramiento de este material fue parte de los elementos considerados dentro del procedimiento penal contra los detenidos. La autoridad ministerial presentó las pruebas para acreditar los delitos por los que finalmente se dictaron las sentencias.

Además del armamento y las municiones, los tres vehículos con reporte de robo quedaron entre los bienes asegurados durante la operación. La información difundida no detalla si se iniciaron procedimientos independientes por el origen de esos automotores o por las motocicletas que no portaban placas.

Omar “N” recibe la pena más alta

La FGR informó que Omar “N” fue sentenciado a 10 años y 10 meses de prisión por los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En tanto, Ángel “N”, Martín “N”, Brandon “N”, Fernando “N”, José “N”, Jair “N”, Luis “N”, Pedro “N”, Juan “N” y Antonio “N” recibieron penas de 10 años, un mes y 10 días de prisión por los mismos ilícitos.

Por su parte, Germán “N” fue condenado a cuatro años, cinco meses y 10 días de prisión por el delito de posesión de arma de fuego.

Las resoluciones se obtuvieron después de que el agente del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa, aportara los elementos de prueba ante la autoridad judicial.

FGR destaca el resultado del procedimiento penal

Las sentencias representan la conclusión judicial reportada por la Fiscalía en relación con los delitos por los que fueron procesados los 12 detenidos.

El caso se originó en una intervención de la Marina durante labores de patrullaje en una zona rural de Navolato, donde las autoridades localizaron a los individuos armados y posteriormente aseguraron armas, municiones, vehículos y equipo táctico.

La FGR no precisó en el comunicado la fecha exacta en que se dictaron las sentencias ni si las resoluciones fueron impugnadas. Tampoco detalló si los condenados enfrentan otros procedimientos judiciales relacionados con los hechos.

Con las penas impuestas, la autoridad judicial estableció las sanciones correspondientes a los delitos acreditados durante el proceso, mientras que los bienes asegurados quedaron sujetos a las determinaciones legales que correspondan.