Antes que las familias de las víctimas de probable negligencia se hagan justicia por propia mano por la muerte de sus seres queridos ante la impunidad por la negociación de la justicia, es vital denunciar ésta.
En la tierra de la sentencia juarista, “todo dentro de la ley, nada fuera de ésta”, los oaxaqueños hemos vivido ya lamentables casos de la Ley del Talión, ojo por ojo, diente por diente, que no se deben repetir.
Indispensable es no guardar silencio cómplice y demandar a las autoridades federales y estatales que se investiguen a fondo las denuncias correspondientes y se aplique la ley sin ceder a presiones y chantajes.
En caso contrario, continuará la recurrente ejecución aparentemente inexplicable de médicos en el territorio de las diversas regiones del Estado. Debe regir el Estado de Derecho, no la ley de la selva.
El pasado sábado 28 de abril, se celebró el Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, a pesar de lo cual en Oaxaca cotidianamente se cometen crímenes incalificables contra los trabajadores.
Lamentable y dolorosamente, el derecho humano a la salud consagrado en la Constitución federal y los tratados internacionales que México ha firmado y ratificado, siguen siendo letra muerta en el país.
El alejamiento de los valores y principios éticos y morales universales, que no crisis de valores, porque éstos son imperecederos, ha prostituido el ejercicio de la medicina en el sector salud, público y privado.
La deshumanización de la mayoría de médicos y enfermeras alcanza cotas sin precedentes históricos a grado tal que, en el sector privado recuperar la salud y/o salvar la vida, está al servicio del mejor postor.
Claro que hay que resaltar de manera pleonástica por reiterativa que, por supuesto y desde luego, siguen existiendo casos de excepción, verdaderos apóstoles de la medicina, pero cada día son menos.
A ellos mi mayor respeto y profunda admiración. Su invaluable labor no está sujeta egoístamente a los conceptos de tiempo y espacio, sin importarles no comer ni dormir y abandonar, incluso, a su familia.
Tampoco luchar muchas veces exitosamente contra la muerte está condicionada a la edad. Médicos y enfermeras no tienen edad para hacer realidad el milagro de traer vida al mundo o bien, de conservarla.
Oaxaca y los oaxaqueños vivimos recientemente el caso dramático de la muerte del niño Edward Luna Trujillo por dolo eventual al no respetar la anestesióloga y el traumatólogo los debidos protocolos.
Los médicos y Luis Alberto Pérez Méndez no tomaron las debidas precauciones ni mucho menos se ajustaron a la Norma Oficial Mexicana al no respetar el periodo de ayuno del niño al intervenirlo.
Como consecuencia de una serie de graves errores, porque el traumatólogo Pérez Méndez tenía prisa por intervenir de la fractura en el codo a Edward, porque se iba de viaje, el niño se broncoaspiró.
Las movilizaciones en el país de los colegios medicos, apoyadas por seguidores de Manuel Andrés López Obrador con fines político-electorales lograron presionar al Poder Judicial y liberar al médico.
Exigir impunidad para Luis Alberto Méndez fue, en realidad, una victoria pírrica, porque está sujeto a proceso y volverá a prisión, a menos que se dé a la fuga como la anestesióloga Gabriela Cruz López.
De nada sirve la suspensión otorgada por el Juicio de Amparo interpuesto por la principal probable responsable de la muerte del niño Edward Luna Trujillo al anestesiarlo sin el debido periodo de ayuno.
Pese al linchamiento mediático de los médicos manipulados por Flavio Sosa y el senador Fernando Mayans, las supuestas violaciones al debido proceso, fue una salida cómoda del Poder Judicial.
Frente al torcimiento de la ley por el Tribunal Superior de Justicia, el secretario de Salud federal, José Narro, reconoció el escrupuloso trabajo jurídico del Fiscal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez.
Desgraciadamente, el asesinato del niño Edward Luna Trujillo, fracturado del codo del brazo derecho, por probable dolo eventual, no es el único caso de presunta negligencia criminal de los médicos.
Hildeberto Noé Pérez Zavaleta, trabajador oaxaqueño de 59 años, con padecimiento renal crónico sujeto a hemodiálisis, fue condenado a muerte por el IMSS, “porque tu tramiento sale muy caro”.
El Jefe de Medicina del Trabajo de la Clínica No. 1 del IMSS, Lucas Rodofo Martínez Zárate, dictó la sentencia cómodamente arrellanado en su escritorio y condenó sumariamente a muerte al trabajador.
Más que iresponsable, verdaderamente criminal resulta la actitud del servidor público del Instituto Mexicano del Seguro Social, convertido en verdugo de los pacientes de la seguridad social.
En un acto de mayúscula soberbia, el Jefe de Medicina del Trabajo de la Clínica No. 1 del IMSS, Lucas Rodofo Martínez Zárate, se erigió en juez supremo, dador de vida y muerte, señor de horca y cuchillo.
Ello ocurrió, no obstante que el servidor público del Seguro Social en cuestión está perfectamente sabedor que si a Hildeberto Noé Pérez Zavaleta, no le hacen hemodiálisis irremediablemente morirá.
El expediente clínico del paciente con NSS 7882-60-0528 establece que el PRONOSTICO ES RESERVADO PARA LA FUNCION Y LA VIDA, pese a lo cual el médico le negó incapacidad laboral.
Pero la tragedia de Hidelberto es de vieja data, pues en 2004, fue despedido injustificadamente de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) por el rector Francisco Martínez Neri.
Ni Rafael Torres Valdéz ni Eduardo Martínez Helmes, mucho menos el actual rector de la Máxima Casa de Estudios, Eduardo Bautista Martínez, han hecho justicia a Hildeberto Noé Pérez Zavaleta.
Sin embargo, pende sobre la cabeza del rector como una Espada de Damocles la resolución del Amparo Directo 277/2017 de fecha 26 de septiembre de 2017 al Laudo que condena a la UABJO.
“Se condena a la citada institución a reinstalar a los actores en términos del presente laudo, salarios caídos, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, horas extras, salarios retenidos, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, horas extras, salarios retenidos y cuotas al IMSS, SAR e INFONAVIT”.
Por concepto de actualización de los salarios caídos, de aguinaldo e incidente de liquidación, el Alma Mater de los oaxaqueños debe pagar al trabajador un millón 35 mil 579 pesos con 59 centavos.
Paco Martínez Neri y Eduardo Martínez Helmes se negaron a hacer justicia a Hildeberto, pero existen elementos de juicio objetivos y denuncias que fundan la presunción que saquearon la UABJO.
En tales condiciones, es urgente la intervención del Delegado del Seguro Social, Juan Díaz Pimentel, para evitar que se continúe atentando contra los derechos a la salud del paciente en cuestión.
Es imperioso, además, que el doctor Juan Díaz Pimentel sancione enérgicamente al Jefe de Medicina del Trabajo de la Clínica No. 1 del IMSS, Lucas Rodolfo Martínez Zárate, por su nefasta actitud.
Independientemente de ello, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Comisión Nacional de Derecho Humanos deben tomar cartas en el asunto porque el paciente agoniza.
Autoridades y habitantes en general no podemos permitir que se sigan cometiendo graves injusticias en contra de los pacientes del sector salud y que la criminal negligencia que lleva a la muerte siga impune.
Sonó la hora que con imaginación y creatividad los mexicanos en general y particularmente los oaxaqueños nos organicemos al margen de los partidos para exigir respeto a nuestros derechos humanos.
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