La Secretaría de Gobernación (SEGOB), está participando como facilitador del proceso de concertación en el conflicto en los Chimalapas con el vecino estado de Chiapas, respetando siempre el ámbito de competencia de cada uno de los gobiernos, en el marco del pacto federal, así lo señaló el director adjunto para la región Sur-Sureste de la dependencia, Celestino Alonso Álvarez.
Aunque actualmente la controversia constitucional está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el gobierno federal continúa buscando un esquema de conciliación entre las partes, en un esfuerzo para llegar a determinar algunos puntos en común.
El también suplente de diputado federal, precisó que la SEGOB, desde meses atrás, ha intervenido en busca de lograr un acuerdo de paz en la zona limítrofe con Chiapas, desde que inició el conflicto, y se logró un primer acuerdo que fue suscrito en la Secretaría de Gobernación entre los dos gobiernos estatales y la dependencia actuó como testigo.
Reiteró que el gobierno federal tiene que ser muy respetuoso del ámbito de competencia de cada uno de los estados, en el marco del federalismo, por lo que siempre se ha procurado llegar a un diálogo a través de un acuerdo de las dos partes.
Ante la negativa de una de las partes, se recurrió a otras instituciones como la Suprema Corte de Justicia, que están creadas precisamente para dirimir por la vía jurídica estas diferencias, dijo Alonso Álvarez.
Destacó que la Secretaría de Gobernación es un facilitador de todos estos procesos, aunque admitió que no se ha podido llegar a un acuerdo entre ambas entidades, por lo que ahora, la instancia que tiene que dictaminar es el Poder Judicial de la Federación.
Pero a pesar de ello, añadió, hay un seguimiento constante por la SEGOB, que es precisamente una de sus funciones, la de velar por la gobernabilidad en el País y para ello se busca un acercamiento entre ambas entidades federativas, para alcanzar de última hora un acuerdo conciliatorio por la vía del diálogo.
Más adelante, Celestino Alonso rechazó que la controversia judicial se convierta en un conflicto social, en caso de no acatarse la sentencia que emitan los magistrados, por alguna de las partes, para ello, aseguró que la SEGOB velará porque la resolución se ejecute y se cumpla, “de otro modo se estaría desacatando un mandato judicial”.
Del presupuesto autorizado por la SEGOB en el 2012 para atender la problemática social en las micro-regiones de los Chimalapas, la región triqui y la sierra sur de Oaxaca, el funcionario federal dio a conocer que se han reiniciado las reuniones de trabajo para dar seguimiento a los acuerdos que se tomaron y vigilar que se cumplan y que los recursos se estén aplicando con transparencia.
Agencia JM
