Por unanimidad los cinco ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), concedieron este miércoles el amparo solicitado por “Mexicanos Primero”, sobre el desvío que podría alcanzar hasta el 2015, un billón de pesos, del presupuesto del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y Normal (FAEB).
Asimismo los ministros de la SCJN, reconocieron la figura de “interés legítimo” de una organización civil, como es Mexicanos Primero, por lo que el fallo sienta un precedente con lo que otras organizaciones podrán interponer amparos para defender derechos de terceros.
Con la denuncia se mostró la violación al derecho a la educación de terceros, en éste caso, de los alumnos a quienes no llegó el recurso federal etiquetado y que se utilizó para el pago de comisionados sindicales, plazas inexistentes, bonos ilegales, aunque los recursos fueron asignados para mejorar las escuelas y profesionalizar a los docentes.
El fallo de los ministros también incluye que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inicie investigaciones sobre el desvío del presupuesto del FAEB a partir de los ejercicios fiscales de 2009 y 2010, para que sean castigados los funcionarios responsables y sean resarcidos los montos que se ejercieron.
Los implicados en los desvíos pueden ser funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de las entidades federativas e incluso los profesores que recibieron dichos montos, aunque de manera especial a los estados en donde las secciones sindicales disidentes a la SNTE ejercieron presiones políticas.
El fallo de este 11 de marzo se da luego de la denuncia interpuesta en febrero de 2013 contra la omisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para determinar responsabilidades administrativas y presentar denuncias contra funcionarios de las entidades federativas, a quienes les observaron irregularidades en la Cuenta Pública.
Claudio X. González y David Calderón, representantes legales de Mexicanos Primero, interpusieron el recurso también por la violación al derecho a la educación de miles de niños y niñas debido al desvío del recurso educativo que no llega a las escuelas.
Ese dinero está previsto para mejorar la calidad de las escuelas y la formación profesional de los maestros, pero los gobiernos estatales lo han utilizado para el pago a comisionados sindicales, licencias, personal que ocupaba cargos de elección popular y que por disposición legal no tendrían derecho a sueldo alguno.
Aún así, la Auditoría no determinó responsabilidades contra los funcionarios que realizaron esos pagos, ni contra los trabajadores que los recibieron, situación que se ha repetido en otros ejercicios fiscales y hasta 2015 el monto desviado se calcula en un billón de pesos.
Por ello, la organización decidió interponer un recurso legal que finalmente llegó a la Suprema Corte en 2014, pero apenas se resolvió este miércoles. El pasado 25 de febrero, los ministros de la Primera Sala pospusieron la discusión aunque se tenía prevista en el orden del día.
Este amparo está evidenciando “el mal ejercicio del gasto, la opacidad, la corrupción en el gasto”, dice Luis Pérez de Acha, quien encabeza la estrategia legal del caso. Se trata de “promover un amparo contra la corrupción” porque la Auditoría tiene la obligación de revisar la Cuenta Pública, investigar las irregularidades cometidas por funcionarios estatales en el manejo de recursos y al omitirlo, genera impunidad.
La Auditoría también debería determinar responsabilidades administrativas contra dichos funcionarios con multas económicas, inhabilitación para desempeñar cargos públicos y hasta presentar denuncias penales ante la Procuraduría General de la República.
Agencia JM
