Es un secreto a voces que los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, alcanzaron un acuerdo para que los consejeros que están próximos a dejar sus cargos, sean recontratados ahora en el área técnica del órgano electoral. Además de ser una maniobra de reciclaje, contraria a las razones por las que la ley establece una temporalidad específica para esos cargos, de nuevo los integrantes del IEEPCO hacen todo para exhibirse como los irresponsables menores de edad que la federación quiere, para terminar de liquidar a los órganos electorales locales.
En efecto, dentro de 36 días —el próximo 30 de septiembre— concluye el periodo para el que fueron electos como integrantes del Consejo General Nora Hilda Urdiales Sánchez, Elizabeth Bautista Velasco y Uriel Pérez García. Desde hace algunos días, comenzó a circular una versión relativa a que por un acuerdo entre consejeros electorales, se había determinado que una vez concluido el periodo de las tres personas antes mencionadas, éstas habrían de mantenerse en los trabajos del Instituto, pero ahora en el área de las Direcciones Ejecutivas, las cuales se encuentran bajo la potestad del Consejero Presidente. Es decir, dejarían de ser consejeros para convertirse en titulares de algunas de las áreas técnicas o administrativas del Instituto.
Esto irremediablemente generó molestia e inconformidad entre los trabajadores del Instituto, y entre todos los que tienen que ver con su función como órgano electoral, por una razón inicial: desde hace algún tiempo, se tiene noticia de que el IEEPCO atraviesa por una especie de depuración de su personal, al cual paulatinamente han ido despidiendo o disminuyendo salarios a partir de razones aparentemente relacionadas con el servicio profesional electoral, pero también con carencias económicas. En esa lógica, afirman que sería un contrasentido despedir personal técnico bajo esos argumentos, y al mismo tiempo reciclar a ex consejeros que, por la propia naturaleza del cargo desempeñado, tendrían que buscar nuevos derroteros en esas u otras áreas relacionadas con la materia electoral.
Ante estas versiones, el consejero Uriel Pérez García salió al paso pero sólo para confirmar sus aspiraciones de mantenerse en la estructura del IEEPCO. De hecho, Pérez García negó pretender ser designado como Director Ejecutivo de Sistemas Normativos Indígenas del IEEPCO. “No tengo esa intención”, le dijo a la periodista Rosy Ramales, y explicó que por el momento está enfocado en desempeñar su función como integrante del Consejo General del Instituto. Pérez García precisó que la Ley Electoral no prohíbe que cuando un consejero electoral concluya su periodo pueda ser designado como Director Ejecutivo del IEEPCO, pues solamente existe prohibición para ocupar un cargo público dentro de los órganos de gobierno en cuya elección de sus integrantes participó como autoridad electoral.
No obstante, reconoció que no descarta la posibilidad de incorporarse a su puesto de coordinador que tenía, desempeñando en sí la función de asesor en el IEEPCO (en el periodo del consejero presidente Alberto Alonso Criollo); cargo al cual, precisó, solicitó licencia por tiempo indefinido cuando asumió la función de consejero electoral del Consejo General. A pregunta expresa, dijo que su contrato es por tiempo indeterminado y que habría que revisar si debe entrar o no vía el Servicio Profesional Electoral Nacional en su rama local.
Es decir, que por lo menos él sí desea continuar dentro del IEEPCO.
RECICLAJE
El IEEPCO carece de la reglamentación necesaria para realizar con total transparencia y legitimidad, la designación de todos los integrantes de las Direcciones Ejecutivas. El Consejero Presidente tiene las facultades más importantes en cuanto a la designación de los titulares de esas áreas, aún cuando la propia ley establece que para tal efecto deberá haber un proceso de selección, que no está desarrollado ni reglamentado. Por eso, no sería extraño que por acuerdos internos, los integrantes actuales del Consejo General pudieran haber pactado la recontratación de los consejeros salientes.
Ello constituye un problema que deberían reflexionar con mayor profundidad, más allá de la oportunidad que significa el no quedarse desempleados. La Constitución y la ley establecieron la temporalidad en el cargo de consejero electoral, por la misma razón por la que todos los empleos públicos son temporales: para evitar que la perpetuación en las responsabilidades públicas se convierta en un lastre y en una amenaza para el correcto cumplimiento de la ley y los fines para los que fueron designados.
Por eso, al haber la posibilidad de brincarse esas consideraciones deontológicas, y asumir que pueden únicamente pasar por la puerta giratoria para volver a entrar inmediatamente a las responsabilidades electorales institucionales, en realidad los consejeros que pudieran estar considerando esta posibilidad, están convirtiéndose no en un activo, sino en una amenaza para la ya de por sí desgastada credibilidad de los órganos electorales en general. No es un asunto tan sencillo de legalidad pura como lo están tratando de hacer ver, pues eso en realidad implica seguir presionando al órgano electoral para que sea éste quien pague los costos sociales y políticos de no dejar sin empleo a sus ex consejeros.
Otro de los mayores problemas que quizá no ven, es que todos aquellos que impulsaron reformas recentralizadoras de funciones, como la electoral que dejó bajo la potestad del INE a todos los órganos electorales del país, en realidad están ávidos de que maniobras como estas se realicen, para que luego puedan decir con bases que le seguirán restando importancia y facultades a los órganos electorales locales por su incapacidad para conducirse no sólo con legalidad, sino con legitimidad y responsabilidad en sus funciones y límites legales y éticos.
Por eso, tanto los consejeros que se quedan, como los que se van, deben considerar con mayor serenidad todo lo que implica esta decisión que estarían ya en vías de tomar.
TRÁGICO TRANSPORTE
La semana pasada el titular de Sevitra, Francisco García López reconoció que por lo menos durante este año no entrará en funciones el sistema Sitibus. Antes había dicho que no autorizarían un incremento a la tarifa del transporte. Ahora dice que sí, pero que están valorando de cuánto sería el alza. ¿A poco no esto parece ya un cuento de terror?
@ortizromeroc
