Un gobierno despótico es aquel en el que el poder lo ejerce una sola persona —o grupo— de forma absoluta, sin limitaciones de tipo legal y sin estar sometido a la ley. A su vez, un dictador es un “soberano” —entendiendo que la soberanía reside en él, y no en el pueblo— que recibe o se arroga el derecho de gobernar con poderes absolutos y sin subordinarse a ninguna ley. A eso aspira la CNTE cuando abiertamente le exige a Andrés Manuel López Obrador que, de llegar a la Presidencia, elimine por decreto la reforma educativa y la evaluación docente, y no mediante el proceso de reformas legislativas que él mismo ha planteado para conseguirlo sin violar la Constitución.
En efecto, Andrés Manuel López Obrador prometió —y ratificó mediante la firma de un documento— su promesa de dar “marcha atrás” a la Reforma Educativa a través de un proyecto de reforma a la Ley del Servicio Profesional docente, que “elimine la evaluación punitiva”. Con esto, el tabasqueño logró que un sector del magisterio manifestara su “total adhesión” al abanderado de Morena, según quedó establecido en el Acuerdo para la transformación de la educación en México, celebrado el pasado 10 de febrero.
De hecho, el documento de seis páginas es el primer acuerdo formal entre el precandidato y el ex secretario general del SNTE, Rafael Ochoa Guzmán, actual coordinador nacional de activismo en un grupo denominado Redes sociales progresistas magisteriales, rumbo a la campaña presidencial, y el conocido principal lugarteniente de la ex presidenta nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales.
El equipo de campaña de Andrés Manuel López Obrador confirmó que dicho documento se incorporará al Proyecto alternativo de nación que será registrado ante el INE, el cual establece que “dar marcha atrás a la Reforma Educativa enviando al Congreso de la Unión, un nuevo proyecto de Ley del Servicio Profesional Docente, que tal como la Constitución establece, respete y garantice los derechos laborales y gremiales, las plazas de base del magisterio, dé certidumbre en el empleo y reconozca la carrera sindical como atributo de la gestión y desarrollo del sistema educativo”.
Esto significaría eliminar los aspectos centrales de la Reforma Educativa de 2012, que estableció que los maestros están obligados a presentar evaluaciones periódicas y, de no aprobarlas, que puedan ser sustituidos de su plaza magisterial. También, en caso de tres faltas continuas a su centro de trabajo, pueden ser despedidos. Por ello, de acuerdo con el documento, la propuesta de reformar la actual Ley del Servicio Profesional Docente incluiría “eliminar la evaluación punitiva” y la “recontratación inmediata de los maestros y maestras cesados por no aceptar una evaluación punitiva”.
Con este documento, López Obrador preveía conseguir también el apoyo del otro sector magisterial, el de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que ha sido un opositor abierto a la reforma educativa, y el principal impulsor de la eliminación de la misma, tal y como lo había propuesto López Obrador desde el inicio. ¿En dónde estuvo el diferendo? Evidentemente, estuvo no en el objetivo, sino en la ruta para conseguir la eliminación de la reforma.
Lo riesgoso —y paradójico— es que la ruta que ahora la Coordinadora le exige a López Obrador para dar marcha atrás a la reforma educativa, rompe con todos los esquemas aparentemente democráticos y de legalidad que pudiera defender un gremio que se jacta de tales características, al exigirle al tabasqueño que elimine la reforma por decreto y no dentro de los parámetros constitucionales.
CNTE, POR EL DESPOTISMO
En respuesta al planteamiento de López Obrador, de establecer una ruta para la eliminación de las disposiciones constitucionales relativas a la reforma educativa y la evaluación docente, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación criticó que el Candidato Presidencial de Morena plantee dar marcha atrás a la reforma educativa por medio de un proyecto de ley o iniciativa, en lugar de proponer su eliminación por decreto.
“Su acuerdo no convence a la CNTE puesto que en vez de establecer un decreto que abrogue la reforma educativa, plantea una iniciativa de ley, Obrador le deja la tarea al legislativo”, indicó la Coordinadora, en un comunicado. En su mensaje, la CNTE se refirió al acuerdo que estableció el precandidato presidencial de Morena, con el exsecretario general del SNTE, Rafael Ochoa Guzmán, actual coordinador nacional de un movimiento denominado Redes sociales progresistas magisteriales.
En él, López Obrador promete “dar marcha atrás a la Reforma Educativa enviando al Congreso de la Unión, un nuevo proyecto de Ley del Servicio Profesional Docente, que tal como la Constitución establece, respete y garantice los derechos laborales y gremiales, las plazas de base del magisterio, dé certidumbre en el empleo y reconozca la carrera sindical como atributo de la gestión y desarrollo del sistema educativo”. La Coordinadora, en su comunicado, señaló que a Obrador le llegarán los votos que van contra la reforma educativa, aunque criticó que no establezca de entrada una abrogación.
¿Establecer una abrogación por decreto sería posible? Bajo un esquema constitucional más o menos maduro —e incluso en uno joven y a veces un poco inconsistente, como el nuestro en México— eso sería imposible. Sí, porque ningún presidente que ejerce su poder bajo un mandato constitucional tiene la posibilidad de derogar norma alguna contenida en la ley, y mucho menos dejar sin efecto, por su sola voluntad, las disposiciones constitucionales. Hacerlo así, significaría violar flagrantemente la Constitución; significaría también desconocer las potestades y atribuciones constitucionales del Poder Legislativo; y lo pondría en una situación de abierto enfrentamiento con el Poder Judicial de la Federación, que es el garante último de la Constitución.
Gobernar por decreto nunca ha sido buena idea; tener Presidentes despóticos ha sido una experiencia amarga para el país. Lamentablemente, con este tipo de llamados, la CNTE intenta reducir a Andrés Manuel López Obrador —un político con defectos, pero también con cualidades notables, igual que todos los demás abanderados presidenciales— a una figura como la de Antonio López de Santa Anna, que ha sido el único presidente en México que gobernó el país sin facultades ni limitaciones constitucionales de 1853 a 1855, pero que por eso mismo provocó nada menos que la Revolución de Ayutla.
CAMINO INTRINCADO
Es una lástima que en la intención de ver revocada la reforma educativa y la evaluación docente —que, con virtudes y defectos, es la única que hemos tenido en México—, la CNTE apueste por una decisión tan peligrosa para la Constitución, para la democracia y para el país. Es cierto que la ruta para derogar la reforma educativa es intrincado. Pero lo más saludable para el país sería que eso pasara en el marco de la Constitución, y no en la apertura de una nueva dictadura que ni el mismo López Obrador ha demostrado querer ejercer.
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