Jaime GUERRERO
El amparo interpuesto por el abogado, Enrique Toro Ferrer, contra la expropiación de los predios que albergan, la ex Fábrica de Triplay -cuyo decreto fue emitido por el Gobernador, Salomón Jara Cruz- es de un poder de una persona fallecida el pasado 18 de marzo del 2022 en el Estado de Colima.
El ex subprocurador de justicia de Oaxaca, Toro Ferrer, ocupó un supuesto poder que le otorgó María Elena Medina López, quien al 2022, tenía una edad de 78 años y según el certificado de defunción emitido por el Registro Civil del Estado de Colima, falleció por causas de “linfoma de no hodking”, infección de vías urinarias complicadas, infección de tejidos blandos a úlceras de presión, además de que padecía hipertensión arterial sistémica.
Con ese presunto poder apócrifo y sin firma -por obvias razones del fallecimiento de Medina López en el 2022- como lo denunció el gobernador del Estado, Salomón Jara Cruz y el Consejero Jurídico, Geovanny Vásquez Sagrero, el abogado, Toro Ferrer, pretende oponerse al Estado y a la expropiación que decretó el gobernador.
El médico que certificó la defunción fue Axel Adame Coronel, cuya cedula profesional es la 8475805. El certificado de defunción fue emitido por Cristina Arcega Mendoza, oficial del registro civil de Colima.
Asimismo, el pasado 25 de enero del 2023, el actuario judicial del Juzgado Primero de Distrito de Colima, César Augusto Calderón, acudió a emplazar a María Elena Medina López, al ser tercera interesada en un juicio de amparo que había promovido por los litigios que tutelaba Toro Ferrer por la propiedad de terrenos en la ex fábrica de Triplay.
Se constituyó en el domicilio Diego Peregrina de la Colonia Villas del Sur, San Felipe. Ahí se entrevistó con Jorge Navarro Medina y le confirmó que María Elena era su mamá, pero ya había fallecido y le autorizó tomar una foto del acta de defunción la cual fue anexada a la constancia actuarial.
En la víspera, por presentarse fuera de los plazos de ley, el Juez Cuarto de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Víctor Manuel Jaimes Morelos, desechó el amparo promovido fallidamente por el abogado, Enrique Toro Ferrer, contra el decreto expropiatorio del predio que albergaba la ex fábrica de triplay, el cual había sido emitido por el Gobernador, Salomón Jara Cruz.
En 28 de agosto, el abogado señalado públicamente, por el propio Jara Cruz, de integrar el llamado #CarteldelDespojo, presentó demanda de amparo que promovió María Elena Medina López, por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas, Toro Ferrer, contra actos del Gobernador del Estado de Oaxaca y otra autoridad.
No obstante, lo presentó fuera de los plazos de ley.
Los decretos de expropiación se publicaron los días 17 y 27 de julio del 2023, por tanto, el término de quince días, con que contaba Toro Ferrer, para instar el juicio de amparo le inició a partir de las CERO HORAS DE ESOS DÍAS.
La demanda de amparo con un poder presuntamente apócrifo como lo señala el gobernador de Oaxaca, la presentó el 25 de agosto de este año (ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec), “la formuló de manera extemporánea, pues dicho plazo le transcurrió del veintiocho de julio al diecisiete de agosto actual”, sentenció el juez.
Por ello, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, “se DESECHA de plano la demanda de cuenta, ante un motivo manifiesto e indudable de su improcedencia”, plasma la resolución del juez del Poder Judicial de la Federación.
El pasado lunes, Jara Cruz, calificó al abogado, Enrique Toro Ferrer, como el hombre más “tranza” y “ratero” que, formó parte de un grupo selecto de ex funcionarios del llamado “Cartel del Despojo” y debido a las múltiples irregularidades que le han detectado será investigado para actuar en consecuencia.
En tanto, el consejero jurídico, Geovanny Vázquez Sagrero, reveló que el abogado, utiliza documentos apócrifos, para litigar e interponer amparos fallidos contra el decreto expropiatorio de las 11.84 hectáreas donde se albergaba la ex fábrica de Triplay.
Vázquez Sagrero, destacó que en una plática que sostuvo con Toro Ferrer, mostró un documento con el que litiga a nombre de María Elena Medina López, una de las supuestas propietarias de un lote de la ex fábrica de Triplay.
Al indagar ese documento, se encontraron con juicios en el anterior Tribunal de Justicia Administrativa, donde ordenaban al Instituto Catastral que, le dieran cédulas catastrales, hallaron juicios y amparos promovidos.
El 21 de julio del 2016, notificaba al Gobierno del Estado a nombre de Medina López y otras personas, eso llamó la atención y se descubrió un “poder con el que compareció ante todos los juicios”. Es un testimonio de un poder con el que, promovió el reciente amparo contra el decreto expropiatorio de la ex fábrica de triplay.
Sin embargo, al revisar el libro notarial del fedatario, David Vázquez Urdiales, nunca aparece la firma de Medina López. Así mismo ese mismo documento fue certificado por el notario Rodolfo Morales Moreno. Al consultarlo con ambos notarios, ellos confirman que, el documento es falso.
“El Poder (documento) es falso y lo que encontramos en el libro que, es lo genuino y certificado por la dirección de notarias que, el poder con el que ha promovido amparos no tiene ningún sustento y es nulo. Luego entonces, el documento podría tildarse de apócrifo. Ha comparecido y ha promovido todo lo que tiene que ver con la fábrica de Triplay”, reveló.
Al revisar el expediente del juicio de amparo, confirmarán el uso de un documento falso y en consecuencia un ilícito.
Reveló también que, Toro Ferrer, posee capturas de pantalla del sistema de Catastro, las cuales, un abogado particular, no puede tener en su poder.
“Eso habla de que se metían hasta donde querían. En su acostumbrada forma de actuar se le hace tan común, mostrar documentos que solo puede tener el Estado y solamente podía tener personal o el director del instituto Catastral. Eso habla del control que tenían para ingresar al sistema”.
