Luego de las fianzas por 7 millones de pesos fijada a cada uno de los tres jornaleros que supuestamente participaron en enfrentamiento con las fuerzas de seguridad pública estatales, el presidente de la Comisión Sur-Sureste del Senado de la República, Benjamín Robles Montoya, acusó al Gobierno de Baja California de criminalizar la protesta social de los jornaleros agrícolas y no tomar en cuenta que se trata de un conflicto derivado de la explotación laboral.
Robles acudió este miércoles a Baja California a manifestar su solidaridad con los jornaleros agrícolas lesionados y los tres encarcelados, así como para manifestar su respaldo a los dirigentes de los jornaleros en la reunión que sostendrían con representantes del Gobierno Federal y de Baja California.
“Me parece que al fijar el monto de la fianza, el juez no tomó en cuenta ni las circunstancias de los hechos, ni las características de los imputados, mucho menos la posibilidad de cumplimiento de la obligación impuesta. Por ello, pareciera que la intención de fijar una fianza tan excesiva es impedir que sean puestos en libertad”, señaló el legislador oaxaqueño.
Aun cuando, dijo que desconocía el valor de los vehículos que presuntamente dañaron los jornaleros cuando se defendía del ataque de la policía estatal, ley establece los aspectos que un juez debe tomar en cuenta para fijar el monto de una fianza, pero en este caso se hizo de manera absolutamente subjetiva.
“Con absoluto respeto a la soberanía del Estado de Baja California y a la autonomía que debe investir su Poder Judicial, me parece que éste no debe ser ajeno ni indiferente al conflicto social de San Quintín y las circunstancias que lo originan. No se trata de violentar el más elemental principio procesal de neutralidad e igualdad entre las partes, pero el Poder Judicial debe tener en cuenta las raíces de un conflicto social como el que nos ocupa”, reiteró el congresista federal.
Asimismo, consideró necesario subrayar las denuncias relativas a las agresiones de la fuerza pública en contra de los jornaleros, así como los allanamientos sin orden judicial.
“También disiento de la declaración del Gobernador Francisco Vega de la Madrid, en el sentido de que quienes tengan pruebas sobre tales allanamientos, lo denuncien. Y es que a quien le corresponde recabar las pruebas es al Ministerio Público, no a las víctimas de un delito”, apuntó.
Destacó que con esta clase de declaraciones, preocupa una posible criminalización de la protesta social y por eso hizo un llamado a las organizaciones y organismos de derechos humanos, a estar atentos al desarrollo de este conflicto.
