Por instrucciones del Gobernador Gabino Cué Monteagudo, representantes del Gobierno del Estado se reunieron este jueves con la representación del Gobierno del Estado de Chiapas, con la finalidad de coordinar acciones conjuntas acordadas recientemente en la SEGOB, para la zona de los Chimalapas.
A través del Secretario General de Gobierno del estado chiapaneco, Juan Carlos Gómez Aranda, se ultiman los detalles de la presencia de las fuerzas de Seguridad Pública y de procuración de justicia en la región, y como primer paso –contando con el apoyo invaluable del Gobierno de la República- es establecer una Base de Operación Mixta en una zona estratégica de los Chimalapas.
En la reunión de trabajo, donde participó también el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Víctor Hugo Alejo Torres, se informó que los Gobiernos de Oaxaca y Chiapas dispondrán de los elementos necesarios de seguridad, para garantizar la tranquilidad de los habitantes de la zona y procurar que las cuatro personas retenidas en la congregación de San Francisco La Paz, sean procesadas por la vía legal.
Las fuerzas de seguridad realizarán patrullajes, además de instalar puntos de control, supervisión y recorridos, con la finalidad de restablecer la legalidad, la paz social y evitar el aprovechamiento ilegal de los recursos naturales, así como frenar el deterioro del ecosistema y asentamientos irregulares.
Se apoyará asimismo a las delegaciones de la PROFEPA y la PGR en el estado de Oaxaca, para la realización de las diligencias pendientes por motivo de las denuncias existentes por nuevos asentamientos irregulares y daños a la selva de los Chimalapas. Estas acciones forman parte de la continuación de la mesa social integral que se lleva a cabo en la región.
A la reunión asistieron el Secretario de Seguridad Pública, Jorge Alberto Ruiz Martínez y el Fiscal General del Estado de Oaxaca, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, así como los delegados de la Secretaría de Gobernación, Javier García Moreno; de la Procuraduría General de la República, Javier Martín Villanueva Hernández y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Nereo García García.
