Diana Mendez
Integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) denunciaron públicamente lo que califican como una política sistemática de exclusión, racismo institucional y abandono social por parte del Gobierno de la Ciudad de México hacia las comunidades indígenas que habitan en la capital del país.
El MULTI señaló que esta situación se manifiesta principalmente en la negación del derecho a una vivienda digna y al trabajo digno, derechos que consideran fundamentales y que, afirman, han sido vulnerados de manera constante. Indicaron que estas problemáticas tienen su origen en un despojo histórico y en condiciones de injusticia social que por décadas han enfrentado los pueblos indígenas en la ciudad.
Las comunidades indígenas subrayaron que el acceso a la vivienda no debe ser considerado un favor o privilegio, sino un derecho constitucional, el cual aseguran ha sido convertido en un bien comercial que beneficia a intereses privados, mientras numerosas familias indígenas continúan viviendo en condiciones de precariedad.
Asimismo, denunciaron actos de persecución, decomisos y criminalización contra personas indígenas dedicadas a la artesanía, lo que, señalaron, afecta directamente su derecho al trabajo y pone en riesgo su sustento. Afirmaron que estas acciones buscan limitar su presencia en el espacio público y debilitar su identidad cultural.
El movimiento también acusó a las autoridades de recurrir a mesas de diálogo sin capacidad resolutiva, las cuales según indicaron solo han servido para dilatar soluciones y desgastar la organización colectiva de las comunidades.
En este contexto, el MULTI exigió una reunión inmediata, directa y con capacidad de decisión con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, con el objetivo de atender de fondo las demandas relacionadas con vivienda y trabajo digno.
Los integrantes del movimiento informaron que mantienen un plantón pacífico desde hace 15 días y advirtieron que la movilización continuará hasta que existan respuestas concretas y compromisos formales por parte de las autoridades.
Finalmente, reiteraron que su lucha es pacífica, colectiva y legítima, y que sus demandas no buscan concesiones, sino el reconocimiento y cumplimiento pleno de sus derechos como pueblos indígenas.
