Diana Mendez
El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI) alertó este martes sobre el inminente riesgo de ataques violentos contra las comunidades indígenas de Guerrero Grande y Mier y Terán, pertenecientes al municipio de San Esteban Atatlahuca, en la Mixteca oaxaqueña.
De acuerdo con la denuncia presentada ante el Ministerio Público de Tlaxiaco por el representante de la Agencia Municipal de Guerrero Grande, habitantes de San Esteban Atatlahuca, autoridades municipales y de sus agencias han emitido amenazas directas, incluso a través de una cuenta de Facebook denominada “H Ayuntamiento Atatlahuca”. En dicha página circuló un comunicado que llama a los pobladores de 11 comunidades a “cooperar para comprar chintus y cuernos de vaca”, en referencia a la adquisición de balas y armas de fuego, afirmando que “vamos a limpiar todo”. Además, en el mismo espacio digital se difundieron fotografías de personas portando armas.
Los hechos más recientes ocurrieron el pasado 22 de agosto, cuando el representante de Guerrero Grande y varios vecinos realizaban un tequio en el paraje “Yucukunu” para limpiar el camino carretero. Según la denuncia, una patrulla del municipio de San Esteban Atatlahuca bloqueó el paso, acompañada por personas armadas que los amenazaron de muerte y les impidieron continuar con el trabajo comunitario.
Ante estos hechos, la Fiscalía emitió medidas de protección urgente para evitar daños irreparables, integradas en las carpetas de investigación 23109/TLAXIACO/2025 y 23104/TLAXIACO/2025.
El CEDHAPI recordó que desde 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares MC-1050-21 en favor de las comunidades de Guerrero Grande, Mier y Terán y Ndoyonoyuji, tras un ataque armado en el que fueron incendiadas alrededor de 100 viviendas, hubo personas asesinadas, cinco desaparecidas y familias desplazadas.
Por ello, representantes comunitarios y defensores de derechos humanos solicitaron la intervención urgente del Gobierno de Oaxaca y de las autoridades federales para garantizar la vida e integridad de los beneficiarios de estas medidas cautelares.
