Diana Mendez
El conflicto agrario entre Santiago Yosondúa y Santa María Yolotepec, en la región Mixteca, continúa sin avances sustantivos, a pesar de las recientes mesas de diálogo convocadas por instancias estatales y federales. Ambas comunidades emitieron comunicados en los que exponen sus posiciones frente al tema del retorno de las familias desplazadas de la agencia de Buenavista.
Por un lado, la autoridad municipal y el comisariado de bienes comunales de Santa María Yolotepec señalaron que en la última reunión sostenida en Palacio de Gobierno se acordó la necesidad de realizar trabajos técnicos informativos para definir los límites dictados en la sentencia del Tribunal Unitario Agrario a favor de Yolotepec y, al mismo tiempo, ubicar las posesiones protegidas por los amparos obtenidos por Buenavista y Chicava.
De acuerdo con Yolotepec, corresponde a Santiago Yosondúa entregar un acta de asamblea que exprese su disposición a dichos trabajos, como condición para garantizar el retorno seguro de los desplazados. “Estamos seguros que, si hay interés real en el regreso de sus paisanos, en la asamblea de hoy se darán respuestas positivas”, expresó la autoridad en su comunicado.
En contraste, la comunidad agraria de Santiago Yosondúa informó que reinstaló su asamblea general permanente para analizar lo ocurrido en la mesa del 29 de septiembre. En su posicionamiento, acusaron que durante el proceso de diálogo han enfrentado criminalización y señalamientos, mientras que aseguraron no se ha actuado contra pobladores de Yolotepec a quienes responsabilizan de agresiones y del desplazamiento de familias desde hace mes y medio.
Yosondúa también denunció el incumplimiento de acuerdos alcanzados previamente con la Secretaría de Gobernación en Ciudad de México. Asimismo, la comunidad acusó que el retorno de las familias ha sido condicionado por Yolotepec bajo criterios que califican como “impuestos” y contrarios a la posesión histórica de Buenavista y Chicava, reconocida, sostienen, por resoluciones judiciales previas.
La asamblea de Yosondúa acordó que insistirá en que cualquier medición se realice conforme a lo establecido en los amparos 1526/2016 y 1547/2016, ratificados en 2018 por un tribunal colegiado. Además, demandaron la presencia de fuerzas federales y el avance de las investigaciones en contra de las autoridades de Yolotepec por hechos de violencia ocurridos en la zona.
Ambas comunidades reiteraron en sus comunicados la disposición a continuar en mesas de diálogo, aunque con visiones distintas sobre los pasos inmediatos. Mientras Yolotepec insiste en avanzar en los trabajos técnicos como requisito para el retorno, Yosondúa exige imparcialidad, seguridad y respeto a los amparos que asegura respaldan la posesión histórica de sus tierras.
