Pobladores de la comunidad indígena de San José de Gracia, perteneciente al municipio de San Pedro Totolapan, exigieron la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), para que se aplique una auditoria de tipo ambiental a la mina de oro y plata que opera en dicha demarcación.
Según Antonio Altamirano, Presidente del Comité de Defensa de los Recursos Naturales de la comunidad, la factoría utiliza el agua del único rio que cruza la demarcación para realizar la limpieza de los minerales que extrae del subsuelo.
“Tememos porque se generalicen enfermedades en prejuicio de nuestros hijos, porque el agua que utiliza la factoría es la misma que utilizamos para beber y lavar nuestros alimentos, además de bañarnos y ejercer nuestra limpieza.”
Evidenció que cada vez que hay una queja por el uso del agua, los propietarios de la mina sostienen que cuenta con los esquemas tecnológicos avanzados, para evitar alguna afectación al medio ambiente.
Sin embargo advirtió no se tienen pruebas ni estudios que certifiquen que se está cumpliendo con lo óptimo para que no se dañe el entorno natural de la demarcación.
Exigió que intervenga la PROFEPA y el Instituto Estatal de Ecología para que se hagan diagnósticos del impacto ambiental y se explique a los lugareños los beneficios y perjuicios de convivir con una mina.
Denunció además la falta de normas para que la gente que habita cerca de los mineras se beneficie con el trabajo que realiza la compañía, porque se llevan todo el material, lo procesan y comercializan fuera del país, y a los lugareños solo se les emplea como esclavos con salarios poco dignos y decorosos.
“Debería haber un formato para que los principales beneficiarios sean los lugareños, mas allá de la generación de empleos.”
El inconforme asegura que los lugareños advierten que la mina de oro y plata de San José de Gracia, fue impuesta por autoridades de la Secretaría de Economía federal a finales del gobierno del ex presidente Vicente Fox, “llegaron y se plantaron, engañando a la autoridad comunal y municipal que habrían de otorgar presuntos beneficios, han pasado casi 7 años y no vemos esos ofrecimientos cumplidos”.
Aclaran que no están en contra de la inversión, solo quieren que las cosas se hagan bien, que se actúe conforme a la ley, “por que no queremos emigrar, ni salir de nuestra comunidad por los problemas de contaminación que dejó a su paso la operación de la mina”.
Según los acuerdos alcanzados con las autoridades municipales y comunales signados a finales del 2006, la empresa Golden Trump Resources, operadora de la mina de plata y oro de San José de Gracia se comprometió a otorgar el pago de 170 mil pesos mensuales, además de otorgar becas por 50 mil pesos para estudiantes de nivel primaria y secundaria.
Pero han faltado acciones para reparar caminos y la carretera, además de cumplir con la aplicación de proyectos productivos para los lugareños.
En Oaxaca al menos 7 mineras han sido multadas por violaciones a la Ley Federal del Trabajo, entre ellas se encuentra la empresa Cuzcatlán –propietaria de la mina La Trinidad, filial de la canadiense Fortuna Silver Mine–, ubicada en el municipio San José del Progreso, que enfrenta la oposición de organizaciones sociales, algunas ligadas a la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
La delegación de la Secretaría del Trabajo, reportó que las sanciones económicas contra las manufactureras superan los 17 mil pesos.
Otras mineras sancionadas son la propia candiense Golden Trump Resources, así como a las mexicanas Minerales de Antequera, Barrio, Trimasa, La Istmeña –perteneciente a la cooperativa Cruz Azul– y la Salinera del Istmo.
Agencia JM
