Los afectados que fueron despedidos de los gimnasios y bares propiedad de la líder priísta; en algunos casos hace cuatro años y otros más en el 2013; demandaron el pago correspondiente a sus prestaciones que marca la ley.
Sin embargo, a cuatro años de haber interpuesto sus demandas correspondientes, estas fueron detenidas incluso la también empresaria compró al abogado de los empleados, Héctor Espíndola Reyes.
“Nuestro abogado aseguró que la demanda ya estaba perdida y que las pruebas a nuestro favor desaparecieron”, expuso Celso Abraham González Ibáñez, uno de los afectados.
El exempleado de la militante del PRI, recordó que su relación laboral inició el 14 de febrero del 2000, al señalar que por su condición de discapacidad el esposo de la afectada Gerardo Salvador Velázquez aprovechó para amenazarlo y golpearlo.
Además puntualizó que Espíndola Reyes su ex abogado reconoció que Acosta López compró a las autoridades de la Junta Local de Conciliación para frenar sus demandas.
“Nos han dicho que sólo nos corresponden vacaciones”, expuso González Ibáñez quien lamentó la corrupción con la que se maneja la instancia.
Olga Sibaja, Arnulfo Monjaraz y Damián Baltasar, son los otros empleados afectados quienes no contaban con las garantías laborales que establece la ley; este último sufrió la amputación de un dedo en la mano y por no contar con seguro social tuvo que ser hospitalizado en una clínica particular y aun así fue despedido con lujo de violencia.
Por lo que a partir de ahora, la organización Comuna Oaxaca llevará los casos de los expedientes 796/2012; 601/2013, 602/2013 y 603/2013.
Carina García/Libertad-Oaxaca.info
