Una vez que pase el aluvión crítico del sismo del pasado siete de septiembre, habrá algunos temas que superarán la coyuntura. Uno de ellos, central, será el de la designación del nuevo titular del Órgano de Fiscalización Superior en Oaxaca. Al margen de los nombres y las circunstancias políticas, vale la pena centrarse inicialmente en los perfiles posibles y necesarios. Ahí los diputados tendrán un reto mayúsculo que ojalá puedan superar para legitimar de fondo sus decisiones.
En efecto, hasta antes de que ocurriera el terremoto del pasado siete de septiembre, uno de los temas centrales que estaba en la agenda política estatal, era la decisión del Poder Legislativo de decretar la desaparición constitucional de la Auditoría Superior del Estado, para darle paso al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca. La determinación estuvo justificada en las necesidades del hasta ahora nonato Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, pero basada, en realidad, en la urgencia de retirar al actual titular de la ASE, Carlos Altamirano Toledo, a quien el nuevo régimen identifica como un orgánico de la administración de Gabino Cué, y que a todas luces deseaba ver fuera del órgano fiscalizador estatal.
La decisión que tomó el Poder Legislativo fue algo así como salomónica, aunque necesita ser dotada de mayor contenido. En realidad, el Congreso del Estado decidió la desaparición lisa y llana de la ASE, como una forma de allanarse el camino para todo lo que deba o pueda ocurrir en el mediano plazo. Sin embargo, justificó la medida en la urgencia de establecer un nuevo órgano de fiscalización que cumpliera con los requisitos del nuevo sistema de combate a la corrupción. En todo eso, lo cierto es que utilizaron una cuestión de coyuntura, para dotar de contenido —justificar— una cuestionada decisión de fondo relacionada con la eliminación de un órgano fiscalizador como tema central de la reforma constitucional.
El argumento central, sin embargo, ha radicado en el endurecimiento de los requisitos que debe cumplir quien sea el nuevo titular del órgano fiscalizador estatal. Hasta ahora, lo cierto es que Carlos Altamirano Toledo no ha recibido el apoyo político, y el respaldo institucional que hubiera pensado en otros momentos: con su silencio, todos reconocen que —desde el inicio— el actual Titular de la Auditoría Superior del Estado no cubría los requisitos técnicos profesionales necesarios como para acceder a ese cargo; que nunca se pudo legitimar en sus responsabilidades;y que en realidad, dicho cargo le fue concedido por otras cuestiones que no necesariamente están relacionadas con sus capacidades como auditor, o como un experto en fiscalización superior, control y auditoría, tal y como lo marca la ley.
¿Qué ocurre ahora? Que basado en esas razones, el Congreso del Estado tomó la determinación de desaparecer al órgano fiscalizador actual para darle paso a uno nuevo con distinta integración. Pero ahora lo que falta ver es que tomen todos las decisiones correctas.
¿Y LA NUEVA —VIEJA— LEY?
Técnicamente, el Auditor Superior del Estado, o el Titular del nuevo Órgano Superior de Fiscalización, debería ser un verdadero experto en los temas que estaría destinado a conocer. En el ideal, debería existir un examen de oposición o de conocimientos, como un parámetro mínimo para que cualquier aspirante pudiera legitimarse en sus aspiraciones de convertirse en el titular del órgano fiscalizador, y luego demostrarlo a través de otros mecanismos técnicos. Así lo decía la antigua Ley de Fiscalización —que está en proceso de liquidación— y muy seguramente así lo dirá la nueva ley que se emita al respecto.
¿Por qué, en esto no hubo el proceso de legitimación que señala la ley? Seguramente, porque en aquellos momentos no había un parámetro específico para identificar los perfiles, pero sobre todo porque ni en los mismos diputados hubo la claridad suficiente como para allegarse de los mejores perfiles sociales y académicos, independientemente de su condición social o preferencia política, según fuera el caso. Por eso, terminaron allanándole el camino al entonces Gobernador Gabino Cué, que ya tenía visto a un prospecto como para dejarlo “sembrado” en una de las posiciones, pero sin asumir que lo más importante era que el organismo funcionara correctamente —en términos constitucionales— lo antes posible.
Quizá así fue como llegó al cargo Carlos Altamirano, pero no debería ser así como llegaran los nuevos auditores y subauditores del nuevo órgano de fiscalización. Más bien, deberían cubrir perfiles técnicos por demás sofisticados como para que no hubiera duda de su autenticidad, y sobre todo, para dotar a la ciudadanía de los elementos necesarios como para que no hubiera una repetición de las prácticas autoritarias del pasado. Es un tema por demás complejo pero que ya debería estar plenamente abordado en la Constitución.
¿De qué hablamos? De que dicha Carta Magna establece una serie de requisitos que no parecen estar los suficientemente claros pero que deberían ser los mínimos para un posible auditor. Por esa razón, los requerimientos establecidos deberían ser por naturaleza altos y complejos —si de darle contenido social y político se trata—, y no de darle condiciones mínimas al Estado para que se los pudiera llegar a brincar.
Por esa razón resulta importante lo que decidan, pero lo es más allá de la coyuntura política. El nuevo auditor debería ser a todas luces un experto en fiscalización, pero además un conocedor de los temas de control, auditoría y los demás rubros que establece ya la Constitución como prerrequisitos para aspirar a la titularidad del nuevo órgano. Ese debería ser uno de los puntos más finos de la actual discusión, y seguramente será uno de los temas por los que pasen los diputados, además de la autonomía y la independencia del poder público que cada uno de ellos demostrara.
De no ser así, entonces se estaría en repetición del pasado. Esto sería por demás cuestionable porque entonces sería repetir el esquema bajo el cual se eligió a Carlos Altamirano. ¿De nuevo querrían un auditor a modo? Ahí sí habría un enorme, y brutal, costo político.
PERFILES DE FONDO
Por eso mismo deben apostar a perfiles especializados más allá de las filias políticas. Eso alimentará al órgano y dará legitimidad a los legisladores. Pero quién sabe si lleguen a entenderlo.
