Son la crema y nata de las Fuerzas Armadas. El equivalente mexicano al Servicio Secreto de Estados Unidos y tienen entrenamiento y equipo que ha costado millones de pesos al erario. Pero hoy cientos de sus elementos –hasta una quinta parte de todas sus fuerzas- están comisionados en labores de choferes o escoltas para personas ajenas al gobierno federal.
El Estado Mayor Presidencial (EMP) ha destinado a lo largo del sexenio a un batallón entero de sus elementos no para proteger al Presidente de la República o al gabinete, sino para la custodia, vigilancia y traslado de familiares de políticos, empresarios y sujetos de interés para el gobierno mexicano.
En respuesta a una solicitud de transparencia inicialmente bloqueada por la Presidencia de la República y que escaló hasta llegar al pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), el Estado Mayor confirmó, por primera vez en su historia, el uso que da a todos sus elementos: ha enviado a lo largo del sexenio a poco más del 20 por ciento de sus fuerzas a emprender labores de protección para ciudadanos privados a los que considera expuestos o en riesgo de sufrir ataques por parte del crimen organizado.
En total, son 300 militares –el equivalente a un batallón– cuyos gastos, manutención, salarios y vehículos corren a cuenta del presupuesto de la Presidencia de la República, aun cuando sus labores les llevan a proteger a individuos emanados, en algunos casos, de la iniciativa privada.
En un principio, el Estado Mayor Presidencial clasificó la información como reservada, bajo el argumento de que darla a conocer permitiría a fuerzas criminales determinar las vulnerabilidades de las escoltas desplegadas en labores privadas. Ello, insistió, abriría la vía a que se emprendan atentados en contra de las personas menos protegidas.
“El número de elementos del EMP que se asigna para la protección de personas es variable de acuerdo a la evaluación y riesgo de las circunstancias durante las diferentes actividades que éstas llevan a cabo (…) su difusión permitiría deducir el número de personal a cargo de la seguridad de cada una de las personas a las que este organismo proporciona seguridad, poniendo en riesgo su integridad”, argumentó el cuerpo militar en respuesta a una solicitud de información.
Sin embargo y después de que MILENIO interpusiera un recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuatro de sus cinco comisionados revocaron la clasificación de reservado y ordenaron al EMP entregar los datos, al considerar que no se pondría en riesgo la seguridad de ninguna persona, en especial porque no se solicitó la identidad de las familias beneficiadas con soldados a su servicio ni el número de escoltas que les han sido asignados.
“Si bien es cierto que el EMP manifestó que la difusión de la información causaría un daño a los dispositivos de seguridad que implementa para la protección de personas, también lo es que fue omiso en señalar cómo es que dicho daño se llevaría a cabo”, determinó el pleno del Instituto.
“No existe –añadió– una congruencia lógica que permita concluir que al dar a conocer el número total de elementos dedicados a la seguridad de personas, se permita deducir, sin datos adicionales, el número de elementos asignados a cada uno de los individuos que reciben protección”.
***
Pero el tema generó ruptura en el instituto: la comisionada Sigrid Arzt votó en contra de la apertura de dicha información. “En mi opinión resultaba procedente confirmar la clasificación”, consideró. “La información solicitada no es ‘genérica’ sino por el contrario refiere a un nivel de desagregación respecto a una de las secciones del EMP encargada de la seguridad inmediata de las personas”.
Pese a su oposición, al final el IFAI votó 4 a 1 a favor de abrir los datos. Ya obligado por ley a revelar la información, en su respuesta CI-PR-027, el Estado Mayor Presidencial admitió que desde el inicio de su mandato, el Presidente de la República, Felipe Calderón, ha dispuesto de 300 elementos, entre marinos, soldados y policías federales, para proteger a particulares.
En particular, Calderón Hinojosa se ha ceñido a la fracción III del artículo 24 del reglamento del EMP, que deja las funciones de militares al servicio de la Presidencia de la República a discreción de su titular.
Textualmente, establece que será facultad del Ejecutivo “planear, organizar, proporcionar y controlar los servicios para garantizar la seguridad inmediata de las personas que por la importancia de su cargo, encomienda o situación, expresamente ordene el titular del Ejecutivo Federal”, siendo la palabra clave “situación”.
Al mismo tiempo, en su respuesta el EMP reveló que otros 600 integrantes del Estado Mayor Presidencial actualmente hacen las veces de guardaespaldas de los distintos integrantes del gabinete federal. En total, unos 900 elementos –el 50 por ciento del todo su personal—han sido asignados a tareas de escolta en el actual sexenio.
EL EMP EN CIFRAS
Integrantes del Ejército y Fuerza Aérea comisionados en el EMP: mil 321
Marina: 90
Policía Federal: 20
Civiles: 411
Y HACIENDA PIDE MÁS EQUIPO PARA ESCOLTAS
A “consecuencia del incremento en la inseguridad” la Secretaría de Hacienda planea ahora gastar un millón seiscientos mil pesos en la renovación de la flota vehicular de sus escoltas para altos mandos –secretario y subsecretarios–, proyecto que se suma a la adquisición de 5 camionetas con blindaje nivel V.
De acuerdo a un proyecto ejecutivo de Hacienda titulado “Adquisición de Vehículos para el Servicio de Protección y Seguridad a Funcionarios de Alto Nivel de Responsabilidad”, la dependencia encabezada por Ernesto Cordero adquirirá 5 vehículos último modelo para sustituir los que utilizan las actuales escoltas del secretario y sus subalternos.
Entre estos se encuentran 4 vagonetas modelo 2002 y una motocicleta modelo 2002 debido a que dichos vehículos, sostuvo la dependencia encargada de las finanzas públicas del país, “ya no cumplen con los estándares de seguridad y servicio adecuado”. Y en especial por el recrudecimiento de la violencia.
“La adquisición de vehículos para el servicio de escolta y custodia de los mandos superiores de la SHCP”, insistió la secretaría, “es prioritaria por los tiempos de inseguridad que vive actualmente nuestro país, por lo que es necesario contar con los elementos necesarios para salvaguardar la integridad de los funcionarios de alto nivel”.
La semana pasada, MILENIO reveló otro proyecto de lujo para los altos mandos de Hacienda: la secretaría apartó 10 millones de pesos de su presupuesto para adquirir cinco camionetas blindadas para sus altos mandos, pese a que apenas en 2008 renovó toda su flota vehicular con 25 vehículos.
Milenio
