Tras las indemnizaciones que el Gobierno del Estado asignó a las 64 personas denominadas víctimas de la represión social en el 2006, comerciantes del Centro Histórico exigieron a las autoridades estatales el resarcimiento del daño patrimonial hacia aproximadamente 4 mil negocios, y cuya cifra asciende a los dos mil millones de pesos.
Jesús Sánchez Lavariega manifestó la inconformidad del gremio del comercio establecido en la capital, ya que no pueden creer que el gobierno del estado realice acciones poco incluyentes e injustas, en las que sólo beneficie a un sector, que fue el menos afectado, ya que de acuerdo a este personaje, resultó más afectada la comunidad comerciante y la ciudadanía sin participación política, en el conflicto social que hace cinco años conmocionó al estado de Oaxaca.
Negó que hayan recibido indemnización por parte del Gobierno el estado tras los hechos suscitados en el 2006, indicando que se trató únicamente de apoyos en forma de crédito que se otorgó al comercio capitalino, para inyectar recursos que permitieran darle un impulso a la economía en estado.
“No hubo apoyo nunca, desde el 2006 para el resarcimiento del daño, no existe tal recurso asignado para el comercio formal en esa materia, existen créditos del Fondo Oaxaca para habilitar la economía en el estado, pero no para la reparación de los daños ocasionados hace cinco años” dijo Sánchez Lavariega.
Detalló que una cosa son los créditos y otra muy diferente la indemnización, la cual si se le da a una parte de la población supuestamente afectada, debe otorgarse a cada una de las personas verdaderamente lesionadas en su patrimonio.
Aseguró que a partir de los daños que el movimiento social causó a los comercios, se interpusieron 80 denuncias al estado y a la federación por daño patrimonial durante el 2007, las cuales no procedieron debido a que en el estado no existe la ley de responsabilidad patrimonial, lo cual deja a las ciudadanía en un estado de indefensión ante daños a sus bienes en situaciones de carácter social.
Como ejemplo puso sobre el análisis que las marchas y plantones que son delito federal por invasión de vías públicas, no proceden las demandas en contra de las y los responsables por parte de las y los comerciantes, por falta de legislación a favor de quienes con mucho esfuerzo obtienen algún patrimonio particular.
Por su parte, el también comerciante Melitón Lavariega Torres, cuestionó el apoyo que han recibido y reciben las tiendas departamentales ante la misma problemática, mientras que a los pequeños comerciantes nunca se le ha apoyado, por lo que no pueden ser competitivos al respecto, mientras los apoyos de financiamiento sean inaccesibles a comercios locales pequeños.
Agencia JM
