19:34 El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, afirmó que la lucha contra las organizaciones delincuenciales se realiza con apego a la ley y apoyada en instancias que garanticen la aplicación clara de la justicia, sin cobardías ni villanías.
Al clausurar el quinto Congreso Nacional de Defensoría Pública, el funcionario federal afirmó que actualmente en México la justicia penal y la seguridad pública son temas centrales, pues en el país, enfatizó, se ha decidido combatir “los ciclos de corrupción” que han debilitado las instituciones.
“Y ha decidido enfrentar y poner del otro lado de la barrera del poder a las organizaciones delincuenciales, pero lo ha decidido hacer bajo la forma que una democracia esta obligado a hacerlo, con respeto a la ley y con instituciones que garanticen que esa justicia se aplique de manera clara, de manera justa, de manera equitativa y sin cobardías ni villanías”, aseguró.
Por otra parte, Gómez Mont manifestó que en un sistema democrático se debe garantizar la defensa legal, que no esté sometida a ningún órgano del Estado que pudiera debilitarla.
“En una democracia le está prohibida a la autoridad arrasar a una persona sin que haya tenido por lo menos un aliado fundamental que pueda resistir la inercia, aun justa, de un Estado que persigue a alguien por haber cometido un delito”, dijo.
Aseguró que al Estado se le han otorgado facultades de investigación que le obligan a encontrar los elementos probatorios de la culpabilidad de las personas, y a fin de garantizar veracidad y autenticidad en la atribución de privar a alguien de sus derechos, las personas deben contar con una defensa legal.
En este sentido, se pronunció por garantizar la autonomía de los poderes judiciales en México como una forma de consolidar las garantías democráticas para que prevalezcan los fines de justicia, “inclusive sobre el capricho de los poderosos”.
Al evento de clausura del Congreso asistieron representantes de 28 entidades federativas y 150 defensores del país, además del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, y el presidente de la Asociación de la Defensoría Pública Nacional, David Peña González.
El Universal
