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Con respaldo en denuncias de colectivos de personas buscadoras, el pleno del Congreso de Oaxaca aprobó con 29 votos a favor un punto de acuerdo para que el Poder Judicial del estado corrija las prácticas de sus juzgados de primera instancia, señalados de frenar declaratorias de ausencia por desaparición y revictimizar a las familias.
La resolución exhorta a la Comisión Estatal de Búsqueda y a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca a coordinar con el Poder Judicial del Estado la actualización de criterios convencionales en materia de derechos humanos, con el fin de sensibilizar a los juzgados de primera instancia y eliminar las barreras burocráticas que enfrentan los familiares al solicitar la declaratoria de ausencia por desaparición.
La iniciativa fue presentada por la diputada del Partido del Trabajo (PT), Irma Pineda Santiago, quien desde la tribuna del Congreso local expuso las denuncias reiteradas de colectivos de personas buscadoras contra los propios titulares de esos juzgados, a quienes señaló de frenar el inicio de los procedimientos y revictimizar a quienes buscan a sus seres queridos.
“La desaparición de personas en Oaxaca duele. En verdad que, quien no ha estado en una situación como esta y no ha tenido que reportar la ausencia de una persona no podría empatizar con el lastimoso mundo burocrático”, dijo la legisladora.
Pineda Santiago señaló que, si bien el artículo 15 de la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado replica el procedimiento federal al encomendar a los Juzgados de Primera Instancia la tramitación de las solicitudes, en la práctica esos órganos incumplen su mandato: su propio personal —incluidos sus titulares— obstaculiza el inicio del procedimiento o revictimiza a los familiares.
Desde la tribuna, la legisladora del PT recordó que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, mandato que, a su juicio, los juzgados oaxaqueños incumplen sistemáticamente en este tipo de trámites.
Entre las barreras institucionales que Pineda Santiago documentó ante el pleno figuran: procedimientos excesivamente burocráticos, requisitos probatorios innecesarios, falta de coordinación entre autoridades, largos plazos judiciales y criterios dispares entre juzgados.
Estas condiciones, advirtió, obligan a las familias a comparecer ante múltiples instancias, presentar documentación que ya consta en expedientes de investigación y enfrentar procesos que pueden prolongarse por años.
Para revertir ese panorama, la diputada propuso simplificar el procedimiento estatal mediante tres ejes: eliminar formalismos excesivos, reducir los plazos procesales en atención al principio de celeridad, y establecer el reconocimiento automático de la información que ya obra en poder de las autoridades.
Irma Pineda Santiago es diputada local por el Partido del Trabajo y ha presentado diversas iniciativas ante el Congreso de Oaxaca en materia de derechos de personas desaparecidas y de comunidades indígenas.
