Diana Mendez
En los últimos tres años, más de 1,300 personas han perdido la vida en hechos relacionados con la violencia vial en Oaxaca, alertó la Coalición Movilidad Segura, al demandar al Congreso local avanzar en la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV).
La organización advirtió que la falta de adecuación de la normativa estatal constituye una omisión grave que se refleja directamente en vidas humanas. “No son números, son historias: niñas y niños que se dirigían a la escuela, jóvenes en motocicleta camino al trabajo, mujeres que simplemente regresaban a casa, ciclistas que se desplazaban de manera sostenible”, señaló el colectivo.
Datos recopilados por la Coalición indican que solo en 2022, primer año después de la aprobación de la LGMSV a nivel federal, se registraron alrededor de 400 muertes viales en la entidad. A esas cifras se suman millones de lesionados, muchos de ellos con secuelas permanentes, aunque su situación pasa desapercibida porque no se reporta con la misma frecuencia que los decesos ocurridos en el lugar del siniestro.
Durante 2023, el panorama empeoró: aumentaron los incidentes tanto en zonas urbanas como en carreteras, con un incremento en fallecimientos de motociclistas y peatones, lo que ha dejado a más familias afectadas por la pérdida repentina de un ser querido.
Integrantes de la Coalición insistieron en que la armonización de la ley es urgente para frenar la tendencia de muertes y lesiones. Entre ellas, Esther Soto, activista y ciclista del colectivo Gaby Bici Blanca, subrayó que cada día sin avanzar en la adecuación normativa significa nuevas víctimas.
Soto, quien ha exigido justicia desde el asesinato vial de su hermana Gabi en diciembre de 2020, atropellada por un conductor de la empresa Zaachila Yoo S.A. de C.V., destacó que el rezago legislativo mantiene a Oaxaca atrás en la implementación de políticas de seguridad vial diseñadas para salvar vidas.
Señaló que, además de las muertes, existe un número incalculable de personas lesionadas que han quedado con discapacidades permanentes, lo que impacta su vida, economía y entorno familiar. Todo ello, afirmó, es consecuencia de la falta de acción y de la ausencia de una justicia efectiva en materia de movilidad.
La Coalición Movilidad Segura reiteró su llamado al H. Congreso local para que retome de inmediato el proceso de armonización con la LGMSV, aprobada a nivel federal en mayo de 2022. Consideraron que este paso es indispensable para avanzar hacia entornos seguros, infraestructura adecuada y un diseño urbano que priorice la vida.
“Por quienes ya no están y por quienes queremos seguir aquí, no dejaremos de exigir calles seguras, justicia para las víctimas y un sistema de movilidad centrado en las personas”, concluyó Soto.
