Desmontar el andamiaje jurídico autoritario y sentar las bases constitucionales para construir un régimen democrático debe ser uno de los principales objetivos de la nueva legislatura.
Para lograrlo, es indispensable que la Coalición electoral de los partidos Acción Nacional, del Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, de paso ahora a una coalición legislativa para la transición democrática de Oaxaca.
No basta, como hemos dicho en otros artículos, la alternancia, la sustitución de un grupo en el poder por otro de distinto partido o signo ideológico. Es necesaria la construcción de un nuevo régimen político, un régimen democrático.
La democracia como forma de gobierno, supone la independencia de los poderes legislativo y judicial respecto del ejecutivo; la autonomía real de los órganos ciudadanizados, de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos, del Instituto Estatal Electoral, del Instituto de transparencia y acceso a la información pública, etc.; el respeto irrestricto a las garantías constitucionales y los derechos humanos; la participación ciudadana; y en nuestro país, de acuerdo con el artículo tercero de la Constitución de la República: en el “mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.
Por eso resulta importante la decisión de los diputados y diputadas electos de la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso, para que, independientemente de su origen partidario, se mantengan unidos para llevar adelante la agenda legislativa de la transición democrática de Oaxaca.
El pueblo votó por un cambio y no debe defraudársele. Ese cambio implica una nueva constitucionalidad que ponga en clave democrática al régimen autoritario que empieza a fenecer, pero aun no está muerto.
Ya no puede continuar el gobernadorismo o autoritario, el régimen centrado en la figura del el gobernador como dueño de las instituciones y el erario público. Ya no más opacidad en el gobierno, falta de rendición de cuentas, sometimiento de los poderes del estado, patrimonialismo, clientelismo, corporativismo.
La tarea de la legislatura es desmontar el viejo régimen jurídico y sentar las bases de otro, con instituciones renovadas y nuevas forma de gobernar, para ello, es fundamental que los nuevos diputados se constituyan en una coalición legislativa y mantengan la agenda legislativa que plantearon sus partidos políticos al constituir la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso. Es tiempo de cumplir a los electores.
Entre las reformas que propusieron los partidos se encuentran: la desaparición de la Gran Comisión y la creación de la Junta de Coordinación Política (en lo cual el PRI de Ulises ha pretendido dar un albazo para quedarse con ella en él 2011); crear la Comisión de Vigilancia de la Administración Interior del Congreso; abrir el trabajo legislativo a la sociedad; fortalecer el poder judicial a través de la creación del Consejo de la Judicatura y el establecimiento de la carrera judicial; asegurar antigüedad y experiencia como magistrado del Presidente del Tribunal Superior de Justicia; reformas para transparentar todos los procesos de licitaciones, contrataciones, arrendamientos y enajenaciones de los poderes del estado y los órganos desconcentrados; fortalecimiento del municipalismo a través de una nueva Ley Municipal y la desaparición de la delegaciones de gobierno como instrumentos de control político.
Asimismo, crear la Ley para la mejora regulatoria del estado y la Ley para el fomento de las competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas; revisar las leyes orientadas al turismo, la pesca, la agricultura y ganadería y otras áreas productivas; revisar el CIPPEO para el fortalecimiento de los órganos electorales y la ciudadanización plena del Consejo General del IEE; crear la Ley de Participación Ciudadana; crear el Instituto de la Defensoría Pública y avanzar en la autonomía del ministerio público; fortalecer la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos; impulsar una ley de Salarios Máximos de los funcionarios Públicos; desaparecer la Secretaria de Contraloría y fortalecer la Auditoria Superior del Estado dependiente del poder legislativo; fortalecer la Ley de Fiscalización Superior del Estado; revisar la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca para adecuarla al marco establecido por las Naciones Unidas.
Estas y otras propuestas de la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso como la Ley de Conservación del Patrimonio Cultural, el Reglamento de la Ley de Acceso de la Mujeres a una vida libre de Violencia de Género, la Ley Estatal de Bioseguridad, La ley Estatal de Vida Silvestre, la Ley Forestal del Estado, la Ley del Trasporte, etc. , planteadas por los partidos políticos y presentadas al Instituto Estatal Electoral el 9 de febrero del presente año, deben ser fundamento de la coalición legislativa para la transición democrática de Oaxaca.
El pueblo espera que los nuevos legisladores, cumplan su tarea.
