12:36 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos admitió “omisiones” en la recomendación 36/2010 —en la que señala a militares como los responsables del ataque a la camioneta de una familia, en el que murieron los niños Bryan y Martín Almanza—; sin embargo, las atribuye a la falta de colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que negó a la defensoría el acceso a la averiguación previa.
“Para la comisión hubiera sido muy valioso tener acceso a la averiguación previa, porque hubiéramos podido determinar muchas situaciones. Esta omisión o falta de colaboración es lo que nos impide llegar a mayores detalles”, explicó Marat Paredes Montiel, segundo visitador del organismo autónomo.
El funcionario reconoció que asuntos como el de los calibres de los impactos de bala en la camioneta de la familia —que la CNDH asegura que provienen de armas militares y no de sicarios, como indica el informe oficial— o la aparición de unos cuerpos ataviados con uniformes camuflados —la principal prueba de la institución castrense de que el ataque al vehículo de los civiles se derivó de un enfrentamiento entre sicarios y soldados— no se detallan en la recomendación por la renuencia de la Sedena a facilitar la información.
No obstante, Paredes consideró que las evidencias recabadas por la comisión, integradas en el expediente de 1392 fojas, son suficientes para concluir que la versión de la Defensa Nacional no tiene sustento y, además, que hubo una alteración de los hechos.
Para el visitador no hay duda de que las dos camionetas que aparecieron junto con el vehículo de la familia fueron sembradas por el Ejército, pues dos testigos coincidieron en que al pasar a las 21:30 por el lugar de los hechos sólo estaba el automotor agredido y, al regresar por el mismo lugar, a las 23:30, ya se encontraban los otros dos.
Cuando se le cuestionó al defensor sobre los dichos de Cinthya Salazar, madre de los menores asesinados, quien ante la representación social tamaulipeca declaró que sí había visto las camionetas a las que alude la Defensa Nacional, los desacreditó, pues las dos declaraciones ministeriales tomadas a las señora el mismo día —el 4 de abril—, una ante el agente de Ciudad Mier y otra ante el de Ciudad Miguel Alemán, tienen las mismas irregularidades: una supuesta firma de la declarante, a pesar de que no sabe escribir, y el mismo contenido, con las mismas palabras, pese a tratarse de distintas agencias.
Otra de las evidencias que llevó a la CNDH a concluir que el Ejército incurrió en falsedades en su versión de los hechos son las contradicciones en los horarios: la Secretaría de la Defensa Nacional asegura que a las 21:30 horas un testigo se aproximó a los militares para solicitar auxilio a la familia, que se encontraba refugiada en un predio a 300 metros del lugar de la refriega, cuando las víctimas ya habían ingresado al Centro Asistencial en Miguel Alemán desde las 21:10 horas.
El visitador observó que en sus informes la Sedena no hace mención en ningún momento a las víctimas, aun cuando reconoce su presencia en el lugar de los hechos. “Aun en el fragor de un enfrentamiento, resulta difícil entender que los gritos de 13 personas y la huída de 11 haya pasado totalmente inadvertida para los militares”, indica.
Así, recapitula Paredes Montiel, la alteración de los hechos y las evidencias por personal castrense está acreditada, por lo que corresponde investigarla a las autoridades las circunstancias en que ocurrieron esa manipulación.
Por eso, como parte de la recomendación emitida anteayer, el ombudsman pide a las autoridades que colaboren en la denuncia de hechos que la comisión presentará ante la PGR y la Procuraduría de Justicia Militar, a fin de que se deslinden responsabilidades en la alteración de la escena.
“Las recomendaciones ya no son como antes, en el sentido de que la autoridad presente la denuncia o de vista al órgano interno de control. A partir de la administración del doctor Raúl Plascencia (actual presidente de la CNDH) ejercemos a plenitud nuestras facultades y presentamos directamente las denuncias”, expuso.
“Presentaremos la denuncia ante la PGR y la Procuraduría Militar directamente, independientemente de que la recomendación sea aceptada, para que en el ámbito de su competencia ambas representaciones deslinden responsabilidades”. Respecto a la exigencia de examen toxicológico al personal castrense y en particular a los participantes en los hechos, Paredes Montiel indicó que experiencias anteriores indican que los soldados agresores se hallan bajo el influjo de drogas.
Su investigación no ha sido exhaustiva: Segob
••• La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ha avisado que no ha sido exhaustiva en la investigación en la que basa su informe sobre la muerte de dos menores en Tamaulipas, porque ha actuado con las versiones que tiene a su alcance y no ha contado con otras fuentes de información, afirmó ayer el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
En entrevista, el titular de Segob dijo que por ello dicho informe será analizado en sus términos, ya que hay otras investigaciones que deben ponderarse.
“Este es un asunto delicado, importante, por los bienes que hay en juego, por las instituciones que son parte de la investigación, y vamos a dar el beneficio de la duda, que sea un procedimiento ordenado y razonable y serio el que nos lleve a conclusiones finales”, planteó Gómez Mont.
Mientras tanto, Human Rights Watch informó que la conclusión de la CNDH “resalta” la necesidad de dejar de confiar en el Ejército para que investigue sus propios abusos.
“Los militares no deben investigar ni un solo caso más de supuesto abuso militar contra los civiles”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRWh, al indicar que el trabajo de la CNDH revela hasta qué punto los militares están dispuestos a distorsionar los hechos para protegerse.
Milenio
