El Consejo de la Judicatura Federal, órgano encargado de la disciplina, vigilancia y desempeño de los jueces y magistrados federales, realiza investigaciones contra juzgadores presuntamente involucrados en actos de corrupción, abuso laboral, acoso sexual o que han sido señalados de tener nexos con el crimen organizado.
La información disponible revela que registró el mayor número de servidores públicos sancionados dentro del Poder Judicial de la Federación durante el último año, con 322 casos, algunos de los cuales fueron denunciados penalmente en la PGR.
El consejo también los ha sancionado por notoria ineptitud y descuido en el trámite y resolución de los asuntos, falta de respeto y malos tratos hacia el personal, implementación de horarios de trabajo excesivos injustificadamente, amenazas contra el personal y violación de los derechos laborales de los subordinados.
La administración de Juan Silva Meza al frente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, que inició en enero de 2011 y concluyó el 31 de diciembre, se caracterizó por “perseguir” a los jueces que se apartaron de la ley.
Exhibió a juzgadores y magistrados que, se cree, se enriquecieron de manera ilícita y que favorecieron con sus fallos a propietarios de importadoras de autos, casas de apuestas o a integrantes del crimen organizado.
Los casos de estos servidores no solo llevaron a su inhabilitación o a una suspensión temporal, sino que ahora forman parte de investigaciones que realiza la PGR. Otros ya enfrentan proceso penal.
Durante la gestión de Silva Meza se registró el caso más importante de corrupción del Poder Judicial de la Federación en los últimos tiempos.
En 2011 comenzaron a investigar a Esiquio Martínez Hernández, secretario del juzgado noveno de distrito en materia administrativa, quien llegó a depositar en su cuenta personal de ahorros la cantidad de 432 millones de pesos. Hoy está preso.
A partir de este caso, el CJF emitió un acuerdo que reglamenta el procedimiento de responsabilidad administrativa y el seguimiento de la situación patrimonial para que los ingresos y patrimonio de los integrantes del PJF sean fiscalizados, éste se suma a otro acuerdo relativo a la verificación financiera de los servidores públicos, con excepción de los de la Corte y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
NúMERO DE SANCIONES
Según la Contraloría del CJF, en el último año de gestión de Silva Meza se inhabilitó a 12 servidores públicos, se destituyó a uno, suspendió a 12, sancionó económicamente a cinco, amonestó de manera pública a 72 y de manera privada a tres, apercibió públicamente a seis y de forma privada a 211.
La Secretaría Ejecutiva de Disciplina de dicho órgano también impuso 111 sanciones disciplinarias a servidores públicos en la forma de 21 apercibimientos privados, 12 apercibimientos públicos, dos amonestaciones privadas, 15 amonestaciones públicas, 29 suspensiones, 13 inhabilitaciones, ocho destituciones y 11 sanciones económicas.
A su vez, la Contraloría de la Suprema Corte tramitó 205 asuntos de responsabilidad administrativa e impuso 63 sanciones por acoso sexual e incumplimiento en la presentación de declaración patrimonial y en la comprobación de viáticos, entre otras.
Mientras que la Contraloría del Poder Judicial inició 320 procedimientos de responsabilidad y 140 investigaciones por denuncias, inscribió 436 sanciones en el registro de servidores públicos sancionados y emitió mil 816 constancias de antecedentes de castigos.
En tanto, la Contraloría del TEPJF sancionó a 28 de sus servidores públicos, de los cuales cuatro fueron inhabilitados, 16 apercibidos en privado y dos de manera pública; asimismo, multó económicamente a uno y amonestó de manera pública a uno y en privado a tres.
En 2013, las sanciones impuestas por las contralorías a servidores públicos del PJF fueron 42 de la Corte, 274 del CJF y cinco del TEPJF.
En ese mismo periodo, dos jueces federales fueron destituidos, así como un secretario de tribunal y un secretario de juzgado; de igual manera, se inhabilitó a dos jueces y a un secretario de juzgado y a uno de tribunal.
En 2012, el informe de Transparencia y Rendición de Cuentas del Poder Judicial de la Federación documentó que se sancionó a 52 servidores públicos, ocho de los cuales fueron destituidos, entre ellos cuatro jueces de distrito, un secretario de juzgado, un actuario judicial y dos oficiales de servicios y mantenimiento.
Asimismo, se inhabilitó a un magistrado de circuito, a un secretario de juzgado y dos oficiales de servicios y mantenimiento.
También se suspendió a un magistrado de circuito y a dos actuarios judiciales, además de que se realizaron amonestaciones públicas y privadas a magistrados y jueces, al igual que a secretarios de juzgado y actuario judiciales.
El CJF también amonestó públicamente a 27 servidores públicos, por hostigamiento y trato inadecuado al personal, por no supervisar el registro y turno de promociones urgentes y la omisión de turnarla de manera inmediata, por abuso del cargo conferido y prestación extemporánea de declaración patrimonial.
En 2011, 12 magistrados fueron sancionados, siete jueces de distrito, cuatro secretarios de tribunal, 13 secretarios de juzgado, seis actuarios judiciales, cinco oficiales administrativos y dos oficiales de servicio y mantenimiento.
La mayoría de las conductas no fueron graves, pero entre los sancionados destaca el de cinco jueces y 10 magistrados que fueron suspendidos temporalmente de sus cargos, por incurrir en conductas, principalmente, vinculadas a la falta de profesionalismo, notoria ineptitud, hostigamiento laboral y falta de respeto a sus subordinados.
ESCÁNDALOS
En julio de 2014, el CJF denunció ante la PGR a los magistrados Jesús Guadalupe Luna Altamirano y Jorge Figueroa Cacho.
Luna Altamirano se desempeñaba como titular del tercer tribunal unitario en materia penal en el DF, se le detectaron alrededor de 13 millones de pesos y más de 633 mil dólares que no corresponden a sus ingresos como servidor público.
También se le acusó de ser responsable en la tramitación y resolución de 12 tocas penales (expedientes relacionados con apelaciones de sentencia) y juicios de amparo, los cuales resolvió de manera irregular.
Algunos de los casos que le tocó conocer son los de Archivaldo Iván Guzmán Salazar, El Chapito; Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, y su pareja sentimental, el colombiano Juan Diego Espinosa Ramírez, El Tigre.
En el caso de Jorge Figueroa Cacho, titular del quinto tribunal colegiado en materia civil del tercer circuito, con sede en Jalisco, donde se detectaron operaciones inusuales por más de 9 millones de pesos.
En diciembre pasado, el magistrado Rafael Zamudio Arias fue destituido al comprobársele actos de hostigamiento sexual y laboral contra sus subordinados, por lo que fue denunciado en la PGR.
Asimismo, se les inició una investigación administrativa por un probable enriquecimiento ilícito al detectarse movimientos y abonos en sus cuentas por 4 millones 697 mil 663 pesos, que no corresponden con las percepciones que recibió por concepto de su encargo.
Como juez de amparo, Zamudio también tuvo en sus manos los juicios relacionados con el ex presidente de Guatemala Alfonso Antonio Portillo Cabrera y revisó los casos de familiares del capo Joaquín El ChapoGuzmán.
Milenio
